García Ortiz pospone el Pleno fiscal para blindar el control sobre causas de corrupción
El movimiento ha generado críticas internas y refuerza la percepción de un uso estratégico del calendario institucional
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido posponer el Pleno del Consejo Fiscal inicialmente previsto para el próximo 10 de abril hasta el día 22, con el objetivo de garantizar el respaldo de todos los vocales afines a su candidatura para uno de los nombramientos más controvertidos del último año en la Fiscalía.
La razón oficial del aplazamiento es un problema familiar de uno de los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que ha pertenecido el propio García Ortiz. Sin embargo, fuentes fiscales consideran que el aplazamiento busca evitar cualquier fisura interna entre los vocales del sector progresista y amarrar una mayoría suficiente para designar a los candidatos a dos nuevas plazas clave: el fiscal coordinador de Sala de Delitos Económicos y el fiscal coordinador de Sala de Delitos contra la Administración Pública.
Control de causas estratégicas
Ambas plazas fueron creadas por el Ministerio de Justicia en marzo, en una convocatoria que ha despertado una fuerte contestación en el seno del Ministerio Público, al considerarse diseñadas expresamente para centralizar el control técnico y estratégico de los casos de corrupción más delicados que afectan directa o indirectamente al Gobierno.
La más controvertida es la segunda: la del fiscal coordinador de Delitos contra la Administración Pública. Este puesto no solo centralizará los criterios técnicos en causas de malversación, prevaricación o tráfico de influencias, sino que también tendrá incidencia directa en el caso que afecta al propio García Ortiz en el Tribunal Supremo, donde figura como investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, ya ha tildado la maniobra de “burla institucional”, al considerar que el fiscal general no puede influir en un órgano que debe pronunciarse sobre una causa que le afecta personalmente. Según denuncian, la nueva estructura permitiría a García Ortiz designar como coordinador a un fiscal afín, que pasaría a tener voz decisiva en el desarrollo doctrinal de los criterios a aplicar en casos como el suyo.
Un Consejo Fiscal dividido
La celebración del Consejo Fiscal con todos los vocales presentes es clave para el fiscal general, que en ocasiones anteriores ha contado con el respaldo mayoritario del sector progresista, frente a una minoría crítica. Sin embargo, la fragilidad del equilibrio actual obliga a garantizar la presencia de todos los vocales alineados antes de llevar los nombramientos a votación.
El retraso hasta el 22 de abril permitirá al fiscal general cerrar filas en torno a su propuesta, mientras desde los sectores críticos se intensifica la presión para que los nombramientos se efectúen con criterios de mérito, imparcialidad y transparencia, y no en función de afinidades personales o políticas.
Un contexto judicial en tensión
Este episodio se suma a una larga serie de tensiones en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, en un momento de especial sensibilidad institucional. Con causas abiertas que afectan a miembros del Gobierno, al entorno de la presidencia, y con el debate sobre la aplicación de la amnistía y el indulto aún abierto, el papel de la Fiscalía está siendo objeto de un escrutinio inédito.
El retraso de la sesión del Consejo puede parecer un gesto técnico, pero en el fondo revela la pugna soterrada por el control de los resortes clave del Ministerio Público en un escenario político y judicial de máxima volatilidad.
