El fiscal general Álvaro García Ortiz, acorralado por mensajes, correos y borrados
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta este martes en el banquillo del Tribunal Supremo, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de correos confidenciales que afectaban al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A lo largo de la instrucción, y según la información publicada por el diario «El Mundo», el caso ha acumulado una sucesión de pruebas y movimientos clave que apuntan directamente a García Ortiz. Entre ellos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y notas internas, todos recogidos en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y en los autos del propio Tribunal.
"Lo necesitamos para cerrar el círculo"
El 12 de marzo de 2024, el digital eldiario.es publicaba a primera hora la exclusiva que desvelaba que el novio de Ayuso estaba siendo investigado por fraude fiscal. Ese mismo día, a las 21:59, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, reenvía a García Ortiz un correo con el mail clave de la defensa de González Amador, en el que se reconocían dos delitos fiscales. A las 23:46, tras insistentes peticiones del fiscal general, Rodríguez le remite otro correo adicional con el mensaje del fiscal del caso al abogado defensor. García Ortiz contesta con un escueto: "Ok". Minutos antes, había dicho: "Lo necesitamos para cerrar el círculo".
La nota de prensa con datos reservados
Horas más tarde, y tras haber recibido toda la cadena de comunicaciones, García Ortiz elabora una nota de prensa que busca controlar el relato mediático y dejar claro que fue la defensa quien propuso el acuerdo a la Fiscalía. Sin embargo, el texto incluye datos confidenciales que según los informes de la UCO sólo estaban en poder de la Fiscalía General del Estado, lo que apunta a una filtración desde el propio órgano que dirige García Ortiz.
Triple borrado: WhatsApp, Gmail y terminal telefónico
Las sospechas se intensificaron cuando, según confirma la UCO, el fiscal general borró todos los mensajes de sus aplicaciones de mensajería entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, coincidiendo con la publicación de las filtraciones. Además, eliminó su cuenta personal de Gmail, la misma donde recibió los correos de la fiscal jefe de Madrid, y cambió de teléfono poco después de que el Supremo decidiera abrirle investigación formal. Ninguno de los terminales anteriores fue devuelto a la administración.
Una cadena de indicios
Los hechos recogidos por «El Mundo» configuran un entramado de decisiones personales, presiones internas y maniobras institucionales que sitúan al actual fiscal general del Estado en una posición comprometida sin precedentes. Las pruebas aportadas por la UCO revelan:
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Interés explícito de la Fiscalía General en el caso desde el 7 de marzo.
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Comunicaciones directas y reiteradas entre García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid.
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El uso del correo personal para el envío de información sensible.
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Publicación en medios afines de contenido exclusivo contenido en los mails investigados.
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Supresión de pruebas clave por parte del propio fiscal general.
"Asumo la responsabilidad"
En abril de 2024, el propio García Ortiz reconoció ante los medios que asumía la responsabilidad última de la nota de prensa, pero negó que se hubiera producido una filtración deliberada. Sin embargo, los autos judiciales y el informe de la Guardia Civil apuntan a que la filtración sí se produjo, y que fue el propio fiscal general quien tuvo acceso directo a los correos divulgados minutos antes de que salieran publicados en la prensa.
Día clave en el Supremo
La declaración de este martes marca un punto de inflexión. García Ortiz podrá responder a las preguntas de su abogado defensor y del Ministerio Fiscal (que actúa como defensa institucional), pero también a las de la acusación particular y las populares. Se espera una jornada tensa en el Alto Tribunal, que podría tener importantes consecuencias políticas e institucionales.
