La familia del exconsejero socialista de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo ha dirigido un escrito a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el que solicita el indulto parcial respecto de la pena de siete años y un día de prisión que pesa sobre él por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación; por su papel en el procedimiento específico a través del cual fueron canalizados los fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias.

Se trata del segundo exalto cargo de la Junta de Andalucía condenado a penas de prisión en la denominada ‘pieza política’ de la macrocausa de los ERE que formaliza la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia, después de la petición en ese mismo sentido de la familia del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión en la misma causa.  Ello, en un marco en el que el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación de ambos exmandatarios contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que les condenó a cuenta del citado procedimiento específico mediante el cual eran financiados los ERE irregulares y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

La solicitud de indulto parcial respecto a Vallejo esgrime argumentos «de perspectiva humanitaria, de justicia material y de proporcionalidad» y menciona especialmente el voto particular emitido por dos de los cinco miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo encargado de resolver los recursos de casación interpuestos contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que condenó a 19 de los 21 exaltos cargos de la Junta juzgados por el citado sistema de financiación de los ERE.

Voto particular. En ese voto particular, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación; y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente en el reparto final de los fondos. «Una cosa es asumir y aprobar todo un sistema específico para ‘agilizar’ y para lograr una ‘mayor rapidez’ en la concesión y pago de las ayudas sociolaborales a los trabajadores y a las empresas en crisis (...) Y otra cosa muy diferente es que los acusados ajenos a la referida consejería (de Empleo) tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta», señalan estas magistradas, considerando que la actuación de cinco de los condenados por malversación, entre ellos Griñán y Vallejo; «no cubre la tipicidad subjetiva» que requiere el delito de malversación, en alusión al dolo, «ni aun en la modalidad de dolo eventual apreciada por la Audiencia de Sevilla».

Nueva solicitud al ministerio de Justicia para evitar la cárcel

La familia del ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar ha solicitado al Ministerio de Justicia el indulto frente a la condena a seis años y medio de cárcel que pesa sobre él por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por su papel en el procedimiento específico a través del cual fueron canalizados los fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias. Según la defensa de Serrano Aguilar, la familia del mismo ha formalizado ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto para evitar su entrada en prisión, del mismo modo que los familiares del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán; del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo.

Posiciones enfrentadas sobre la amnistía a Chaves y Griñán

El PP quiere aprovechar el Pleno del Congreso de la próxima semana para preguntar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, si el Gobierno tiene previsto indultar a los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado sus condenas por el ‘caso ERE’.

Griñán fue sentenciado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, mientras que Chaves recibió nueve años de inhabilitación por prevaricación por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La pregunta que el PP ha registrado para la titular de Justicia, lleva la firma del secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas. Su intención es forzar a la ministra a pronunciarse sobre el indulto en la sesión de control del miércoles, un Pleno al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá porque viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas.

El PSOE pide «despolitizar» el caso. Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado este viernes «despolitizar» el debate sobre la concesión del indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para eludir su ingreso en prisión tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia de Sevilla en el caso ERE sobre la comisión de los delitos de prevaricación y malversación.  En una atención a medios en Córdoba, donde se ha reunido con la dirección provincial de su partido, Espadas ha apelado a «que se habla mucho» para remarcar que «es una potestad del Gobierno» y en consecuencia apuntar que «será el Gobierno el que se pronuncie cuando toque y de la manera que considere».

El secretario general del PSOE-A ha sostenido que el debate permanente acerca de esta medida de gracia del Gobierno hacia los condenados por la pieza política del caso ERE repercute «en la credibilidad del Estado de Derecho» tanto desde la perspectiva del «ejercicio de los derechos» de los procesados como sobre «la potestad de decidir» del Gobierno.