En un giro significativo de los acontecimientos jurídicos que rodean el caso de Carles Puigdemont, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha emitido un enérgico comunicado exigiendo la dimisión del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este llamado a la renuncia surge como consecuencia directa de la resolución adoptada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha decidido procesar al prófugo de la justicia catalana por cargos relacionados con terrorismo.

La postura de la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, quien ocupa el cargo de número dos en la jerarquía de García Ortiz, se ha destacado por su marcado desacuerdo con la posición institucional del Ministerio Público. Este desencuentro interno ha llevado a la APIF a cuestionar de manera contundente la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), sosteniendo que dicha actuación ha redundado en un severo desprestigio del Ministerio Fiscal como institución.

El comunicado emitido por la APIF el pasado viernes 1 de marzo arroja luz sobre las profundas divergencias surgidas durante la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. En este contexto, se destaca que, por una abrumadora mayoría de once votos a favor y cuatro en contra, se mantenía la postura de considerar que la exposición razonada del Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional contenía elementos suficientes para encuadrar los hechos investigados como delito de terrorismo.

La gravedad de la situación se ve exacerbada por el hecho de que la resolución del Tribunal Supremo no solo se fundamenta en jurisprudencia referida a hechos tipificados como terrorismo, sino que también contradice la posición previamente sostenida por el propio Ministerio Público en 2020. En ese año, la FGE había establecido que los hechos mencionados en la exposición razonada del Juez de Instrucción eran susceptibles de encuadrarse en la categoría de delito de terrorismo.

En virtud de estos elementos, la APIF argumenta que la desautorización unánime por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo impone una carga insostenible sobre la permanencia de Álvaro García Ortiz en su rol como fiscal general. La asociación sostiene que ningún funcionario, independientemente de su rango, puede mantenerse en ejercicio cuando su actuación ha sido categóricamente desautorizada por la máxima autoridad jurisdiccional del país.

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, al respaldar mayoritariamente la consideración de los hechos como terrorismo, se convierte en un punto de inflexión en esta narrativa, subrayando la discrepancia interna en la interpretación de la gravedad de los cargos imputados a Carles Puigdemont. La APIF recalca que este no es el primer episodio de desautorización y, ciertamente, no el más grave, lo que refuerza su llamado a una renuncia inmediata.

En conclusión, la APIF sostiene que la dirección del Ministerio Fiscal debe mantener un estándar de ejercicio de funciones incompatible con la situación actual. El comunicado enfatiza la imposibilidad de que el Ministerio Público continúe exponiéndose a una cadena de desprestigio derivada de la actuación de García Ortiz, resaltando la necesidad urgente de restablecer la confianza en la integridad y coherencia del sistema judicial.