Varapalo del Constitucional al Gobierno y varapalo de Europa al mismo Gobierno un días después. La Comisión Europea considera que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro deben pasar siempre por consultas previas con las partes interesadas, incluido el Poder Judicial, y espera que España cumpla con los estándares europeos, lo que en la práctica supone el respaldo de Bruselas a la actuación del Tribunal Constitucional frenando el procedimiento parlamentario que tiene como propósito alterar las leyes de funcionamiento del CGPJ y el propio Constitucional.

La artimaña parlamentaria del PSOE y Podemos para asaltar el Poder Judicial mediante enmiendas a la reforma del Código Penal adolecía, precisamente, de las consultas previas al CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, y del informe del Consejo de Estado, entre otros.

La operación, desactivada por el Constitucional, ha sido seguida «muy atentamente» por el Ejecutivo comunitario, que reconoce estar al corriente de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación en el Senado de la reforma del Código Penal que incluye la supresión del delito de sedición y cambios en el sistema de elección del propio Constitucional, ha dicho en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.

En este contexto, Wigand ha evitado valorar el fondo de la reforma porque Bruselas no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son adoptadas definitivamente como ley, pero sí ha apuntado que los servicios comunitarios esperan que «las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales».

En este contexto, fuentes comunitarias añaden que, a ojos del Ejecutivo comunitario, «cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales».