El Estado cede los trenes de cercanías a Cataluña y aprueba casi 400 millones para una sola carretera
Finalmente, el Gobierno central ha dado luz verde a un acuerdo largamente esperado entre el Estado y la Generalitat que consuma una de las demandas más repetidas por los separatistas: la cesión de la gestión de los trenes de cercanías a Cataluña. En la primera comisión bilateral celebrada en años, se ha decidido que el servicio de Rodalies (línea R1) será transferido a la Generalitat a partir de 2026, marcando un paso decisivo en la implementación de un proceso de descentralización en las infraestructuras del transporte público catalán.
Pero, como siempre ocurre en estos acuerdos entre Madrid y Barcelona, la euforia del Gobierno de la Generalitat choca contra la realidad política. ¿Realmente es un paso hacia la plena autonomía catalana en cuanto a los servicios de cercanías, o estamos ante un acuerdo a medias diseñado para satisfacer la presión independentista sin soltar el control centralizado de manera definitiva?
En la reunión de la comisión bilateral, el acuerdo fue claro: el traspaso se completará en un máximo de tres meses, pero el inventario de instalaciones, bienes y otros elementos aún no se ha completado. El acuerdo también establece que el traspaso de gestión será realizado a través de una empresa mixta, en la que la Generalitat tendrá la mayoría, pero en la que Renfe mantendrá una participación. Esto, claro, ha enfurecido a sectores independentistas, que consideran que el control real sigue estando en manos de Madrid.
El Pactómetro y los 384 Millones para una Carretera
Un aspecto que resalta aún más es el acuerdo paralelo sobre la infraestructura en el Maresme, que contará con una inversión de 384 millones de euros para mejorar la conectividad de la C-32 y pacificar la N-II. Mientras que la transferencia de trenes ha sido el plato fuerte de la reunión, la carretera es la verdadera joya del pacto. Mientras se habla de autonomía en el transporte ferroviario, el Estado sigue gestionando y decidiendo la inversión millonaria en infraestructuras de tráfico. Si bien el dinero es bienvenido, la cuestión clave es si Cataluña recibirá el control total de este tipo de proyectos, o si será el Gobierno central el que decida finalmente cómo y cuándo se gastan estos fondos.
Como era de esperar, Junts no ha tardado en reaccionar con dudas. Jordi Turull, secretario general del partido, ha sido claro: “Si te traspasan los lavabos de la estación, pero no el señor que vende los billetes, seguimos con el mismo embrollo”. Para los más duros del independentismo, esto no es más que una ficción en la que el Estado sigue teniendo la última palabra. Si bien se celebran avances, la crítica es que el proceso sigue siendo a medias y no implica un traspaso integral.
Turull, conocido por su retórica directa, ha señalado que un traspaso real significaría que Cataluña tuviera el control absoluto de las decisiones estratégicas, sin la necesidad de estar a la espera de la autorización de Madrid.
Lo que parece claro es que, incluso si el acuerdo para la cesión de los trenes y las infraestructuras mejora la gestión autonómica a nivel de operación y conexión, el Estado sigue siendo un actor determinante en muchas decisiones. El control compartido está lejos de ser un pleno autogobierno en materia de transporte. ¿Es este un paso hacia un futuro más autónomo o, simplemente, un gesto simbólico para calmar las aguas del nacionalismo catalán?
La hoja de ruta establecida para el periodo de 2026 a 2030 incluye mejoras y ampliaciones de las infraestructuras ferroviarias, como la duplicidad de la línea Montcada Bifurcación-Puigcerdà, y la creación de una estación intermodal en Tarragona. Pero, aunque estos planes suenen prometedores, el financiamiento y la ejecución de estos proyectos aún están sujetos a las decisiones del Gobierno central.
