En el centro del debate político y jurídico se encuentra el reciente pacto suscrito por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas de Junts, orientado a la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña. Este acuerdo, alcanzado en el último momento, ha generado una profunda inquietud entre expertos legales, quienes han expresado dudas sustanciales acerca de su validez y conformidad con la legalidad constitucional.

La figura de Eligio Hernández, exfiscal general durante la era de Felipe González, se erige como una de las voces más críticas en este escenario. Hernández, con un análisis riguroso, sostiene que la cesión de una potestad tan crucial como la extranjería, que constitucionalmente recae exclusivamente en el Estado central, es un "acto nulo". Más allá de la cuestión legal, el experimentado jurista canario advierte sobre las implicaciones internacionales, destacando que la política migratoria trasciende las fronteras nacionales, siendo también una responsabilidad de la Unión Europea.

En línea con esta postura, Javier Borrego, exmagistrado del Supremo, acentúa la ilegitimidad del PSOE para negociar y transferir competencias, resaltando que, en casos de intercambio, el interlocutor válido debería ser el Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña. Un matiz importante es la disonancia interna en el Govern, ya que Esquerra Republicana (ERC), competidores de Junts, han expresado incomodidad con la situación desde el principio, tratando de minimizar su alcance real.

Roberto Blanco Valdés, catedrático en derecho constitucional, aporta una perspectiva jurídica adicional al afirmar que el pacto "carece de todo valor jurídico". Según su análisis, la transferencia de competencias solo puede ser llevada a cabo por el Gobierno central mediante un Proyecto de Ley Orgánica aprobado en el Congreso. Además, Blanco Valdés destaca que, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución, ciertas materias, como la migración y la extranjería, no están sujetas a esta transferencia.

Una pieza clave en este rompecabezas legal es la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, que estableció de manera contundente la inconstitucionalidad de cualquier intento de atribuir a la Generalitat competencias en materia de inmigración. Este precedente añade una capa adicional de complejidad al eventual encaje de una Ley Orgánica propuesta por el Gobierno para cumplir con el acuerdo, poniendo en tela de juicio su viabilidad incluso ante un Tribunal Constitucional liderado por Cándido Conde-Pumpido.

En última instancia, el pacto de transferencia de competencias de inmigración a Cataluña se encuentra inmerso en una vorágine de cuestionamientos legales que podrían desembocar en una seria confrontación judicial. La travesía legislativa para lograr la aprobación de una Ley Orgánica que dé sustento a este acuerdo se presenta como un camino lleno de obstáculos, con el Tribunal Constitucional y sus propios precedentes marcando un terreno incierto para el Gobierno de Pedro Sánchez. La incertidumbre prevalece, dejando abierta la pregunta de cómo se resolverá este conflicto jurídico y político en el complejo escenario español actual.