España se arriesga a sanciones y restricciones tecnológicas por el contrato con Huawei

Dos congresistas republicanos de la Cámara de Representantes, Richard Hudson (Carolina del Norte) y Gus Bilirakis (Florida), han solicitado al Departamento de Comercio de Estados Unidos una investigación formal sobre el contrato firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez con la tecnológica china Huawei. El acuerdo, valorado en 12,3 millones de euros, otorga a la compañía la gestión y almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales en España, lo que ha encendido las alarmas en Washington, según publica The Objective.

Riesgo para la seguridad nacional y las alianzas

En una carta dirigida al secretario de Comercio, Howard Lutnick, los legisladores advierten que la decisión española puede suponer una “grave amenaza” para la seguridad nacional de EE.UU. y para la confianza entre aliados de la OTAN.

• Gus Bilirakis, presidente de la subcomisión de Manufactura y Comercio, expresó su “profunda preocupación” por confiar “una infraestructura tan crítica a una entidad bajo la influencia significativa de un gobierno autoritario extranjero”. Subrayó que este movimiento “pone en riesgo la seguridad interna de España y la integridad de los sistemas de intercambio de inteligencia aliados”.

• Richard Hudson, al frente de la subcomisión de Comunicaciones y Tecnología, calificó el contrato como “un riesgo directo para nuestra seguridad compartida”. Recordó que los vínculos de Huawei con el Partido Comunista Chino están “bien documentados” y que este tipo de decisiones “socavan la confianza y la transparencia entre socios estratégicos”.

Posibles sanciones y consecuencias para España

Si la investigación del Departamento de Comercio prospera, España podría ser incluida en la lista de países que permiten a Huawei acceder a infraestructuras críticas, lo que traería repercusiones en distintos niveles:

• Restricciones tecnológicas: limitación de transferencias de software estratégico y bloqueo de licencias esenciales para compañías españolas.

• Sanciones comerciales: trabas a la cooperación tecnológica y al comercio digital bilateral.

• Impacto en la cooperación internacional: revisión de acuerdos de intercambio de inteligencia en el seno de la OTAN y en foros multilaterales.

De hecho, hace un mes, los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara ya habían alertado a la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, sobre el riesgo de que el Partido Comunista Chino pudiera tener “acceso encubierto al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN”.

El contrato con Huawei en detalle

El polémico contrato fue adjudicado en julio de 2025 a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Contempla que Huawei custodie digitalmente el resultado de las interceptaciones legales de comunicaciones ordenadas por jueces y fiscales en España.

El sistema elegido es el OceanStor 6800 V5, una línea de servidores de almacenamiento de alto rendimiento desarrollada por Huawei. Según el Gobierno, cumple con las Guías de Seguridad TIC del Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC) y con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad.

No obstante, la noticia ha generado inquietud en la Policía y la Guardia Civil, que cuestionan que una compañía extranjera con estrechos vínculos con Pekín pueda manejar información extremadamente sensible para la seguridad nacional.

Contexto internacional

La presión sobre Huawei no es nueva. Desde la administración de Donald Trump en adelante, EE.UU. ha impulsado campañas para restringir la presencia de la compañía china en las redes 5G, argumentando riesgos de espionaje. Varios países europeos, como Reino Unido o Suecia, han vetado parcialmente a Huawei en infraestructuras críticas.

En este caso, la controversia adquiere mayor calado por tratarse de un contrato directamente relacionado con el almacenamiento de escuchas judiciales y policiales, un terreno en el que la seguridad y la confianza entre aliados resulta especialmente sensible.