El escándalo del borrado de mensajes salpica a Marlaska y pone en jaque al Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un nuevo terremoto judicial tras las sospechas de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pudo haber facilitado la eliminación de mensajes clave en la investigación por revelación de secretos contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

La polémica ha estallado después de que se revelara que la Policía Nacional recibió el pasado 10 de enero una solicitud de asesoramiento de la Fiscalía General del Estado, en plena investigación del Tribunal Supremo sobre los contactos de Ortiz con operadoras como Movistar y Vodafone en los días críticos de la presunta filtración de información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Un borrado sospechoso y la sombra del encubrimiento

Hasta ahora, Marlaska ha negado cualquier implicación, asegurando que ni él ni ningún funcionario del Ministerio del Interior han colaborado en la eliminación de pruebas. Sin embargo, nuevos datos han disparado las alarmas: en la base de datos de la Policía, la petición inicial de "asesoramiento" fue modificada posteriormente para suprimir dicho término, lo que ha incrementado las sospechas sobre un posible intento de encubrimiento.

Este cambio ha generado un fuerte revuelo, ya que los mensajes de Ortiz podrían ser la clave para determinar su responsabilidad en la filtración. Aunque algunos textos aún constan en los dispositivos de los receptores, el acceso a los originales se ha vuelto imposible.

El Senado presiona y exige respuestas inmediatas

Con la mayoría absoluta del Partido Popular, el Senado ha tomado cartas en el asunto y ha solicitado la comparecencia de Grande-Marlaska para que esclarezca la posible implicación de Interior en este escándalo. Además, ha enviado ocho preguntas escritas para obtener detalles precisos sobre la actuación de la Policía Nacional en este caso.

Las preguntas clave que deberá responder el Ministerio del Interior incluyen:
✔ ¿Qué tipo de asesoramiento solicitó la Fiscalía a la Unidad Central de Ciberdelincuencia?
✔ ¿Quién firmó dicha solicitud y con qué justificación?
✔ ¿Estaba imputado el Fiscal General cuando se pidió ayuda?
✔ ¿Su número dos también estaba implicada?
✔ ¿La solicitud mencionaba explícitamente el borrado de mensajes?
✔ ¿Por qué se alteró posteriormente la base de datos policial para eliminar el término “asesoramiento”?
✔ ¿Qué tipo de recomendaciones en ciberseguridad ofreció la Policía Nacional a la Fiscalía?
✔ ¿Tuvo la Policía Nacional alguna participación directa en el borrado de los mensajes?

Un silencio cada vez más insostenible

Aunque Marlaska ha negado públicamente cualquier implicación, hasta la fecha no ha comparecido en el Congreso ni en el Senado para dar explicaciones oficiales. La presión crece y la falta de transparencia amenaza con convertirse en un nuevo torbellino político para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Con el foco mediático sobre el borrado de los mensajes de Ortiz, la cuestión central sigue sin resolverse: ¿Hubo un intento deliberado de encubrir la filtración de secretos?. La respuesta podría tener consecuencias demoledoras para el futuro del Gobierno.