'caso begoña'

El error fatal que deja a Begoña Gómez al borde del banquillo

La jugada de la esposa de Sánchez se vuelve contra ella: su abogado pide investigar a las asistentes de expresidentas y desata un terremoto judicial

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. / EP
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. / EP

La última estrategia procesal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podría convertirse en un grave error con consecuencias judiciales. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que requiera a Moncloa información sobre las asistentes de las esposas de los anteriores presidentes del Gobierno. Sin embargo, juristas consultados por THE OBJECTIVE advierten de que la maniobra “arruina su defensa”, “la incrimina aún más” y podría considerarse una diligencia improcedente.

El requerimiento pretende que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno aporte «todos los antecedentes relacionados con el nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que desempeñaban». En otras palabras, Camacho intenta que el juez compare el papel de la asesora de Gómez con el de las asistentes de sus predecesoras en La Moncloa.

Sin embargo, según fuentes jurídicas, la solicitud no sólo es «irrelevante» sino que excede el objeto del procedimiento, cuyo fin es determinar si Begoña Gómez utilizó recursos públicos para fines privados, concretamente la labor de su asesora, Cristina Álvarez, en la gestión de su cátedra universitaria y de sus actividades privadas.

Una petición “prospectiva” que podría volverse contra ella

El magistrado Juan Carlos Peinado abrió en marzo una pieza separada por malversación de caudales públicos, tras concluir que existían «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos». Esta investigación se suma a las otras cuatro que pesan sobre Gómez por presunta corrupción, tráfico de influencias y prevaricación.

Los juristas consultados por este diario sostienen que la petición de Camacho carece de sentido jurídico. «Es una diligencia impertinente y prospectiva. No enuncia hechos concretos, sino que busca desviar la atención. El juez no la aceptará», explica un abogado penalista con experiencia en causas de corrupción.

Otro experto añade: «Si el letrado o su clienta conocen irregularidades de otras asistentes, deben denunciarlas ante un juzgado. En España no se investigan personas, se investigan delitos».

Algunos interpretan la maniobra como un intento de crear un “tribunal de honor” para las esposas de los expresidentes, algo que el artículo 26 de la Constitución prohíbe expresamente. Según una veterana abogada penalista, «Camacho ha cruzado una línea: ha contaminado a otras personas ajenas al procedimiento y ha debilitado la coherencia de su defensa».

El origen del caso: la asistente de Gómez y los correos de la cátedra

La investigación parte de la sospecha de que Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez en Moncloa, realizó tareas privadas en horario y con medios públicos para la cátedra que la esposa de Sánchez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

La acusación sostiene que Gómez se valió de recursos del Estado para su beneficio profesional, y que Álvarez actuó como intermediaria ante empresas patrocinadoras. THE OBJECTIVE ha publicado correos electrónicos donde la asesora pide a Reale Seguros que mantenga su apoyo económico a la cátedra, y otros en los que gestiona acuerdos con la empresa Mindway, vinculados a un 10% de los beneficios.

En su declaración del pasado 10 de septiembre, Begoña Gómez reconoció que su asistente le hacía “favores puntuales”, un reconocimiento que para algunos juristas equivale a una admisión indirecta de trato de favor.

Los “errores de estrategia” de Antonio Camacho

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que el abogado Antonio Camacho —exministro del Interior y de Justicia durante los gobiernos de Zapatero— ha cometido varios errores procesales que han comprometido la defensa de su clienta.

Uno de los más graves, según los expertos, fue invocar el artículo 27 de la Ley del Jurado para solicitar información sobre las asistentes de las esposas de expresidentes, cuando ese mismo artículo fue recurrido por él mismo ante la Audiencia de Madrid para evitar que su clienta fuera juzgada por un jurado popular.

«Ha dado la resolución hecha. Ha arruinado su defensa», resume un jurista, que califica la actuación como «una contradicción que puede ser interpretada como un reconocimiento implícito de la competencia del jurado».

No es la primera vez que Camacho se ve envuelto en errores estratégicos. En verano del año pasado reconoció en un recurso que el lugar de trabajo de su clienta era Moncloa, justo después de que el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, declararan ante el juez haber mantenido reuniones allí con Gómez.

Más tarde, el letrado aportó correos electrónicos que comprometían aún más a la asesora, y permitió que su clienta guardara silencio en dos comparecencias iniciales, para luego modificar la estrategia y autorizarla a responder sólo a sus propias preguntas.

«Si no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. Esa indecisión perjudica más que ayuda», afirma otra abogada penalista.

El impacto judicial y político de la causa

El caso Begoña Gómez ha adquirido una dimensión inédita en la historia reciente de España. Es la primera vez que la esposa de un presidente del Gobierno es investigada por un presunto delito de malversación. La Fiscalía ha solicitado archivar la causa, pero el juez Peinado mantiene abiertas las diligencias, convencido de que existen indicios sólidos.

El magistrado ha señalado que, en caso de apertura de juicio oral, será un jurado popular quien la juzgue, lo que situaría el caso en un escenario de máxima exposición pública.

Mientras tanto, el entorno jurídico interpreta la nueva maniobra de la defensa como un paso en falso que puede volverse en su contra. «Intentar diluir la responsabilidad comparándose con otras esposas de presidentes no sólo es improcedente, sino contraproducente», concluye uno de los penalistas consultados.

En definitiva, la estrategia de Camacho parece haber abierto un efecto bumerán que puede dejar a su clienta más cerca del banquillo que de la exculpación.

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