El responsable de los ríos valencianos es un afiliado al PSOE que solo ha ejecutado dos obras en su mandato
Miguel Polo Cebellán, actual presidente de la CHJ y afiliado al PSOE, ha sido señalado por su limitada inversión en proyectos que podrían haber prevenido los desbordamientos que afectaron a varias localidades valencianas. Bajo su mandato, la CHJ ha ejecutado únicamente dos proyectos de envergadura, con una inversión total de apenas 1,3 millones de euros, una cifra considerablemente inferior a la alcanzada por su antecesora, María Ángeles Ureña, quien finalizó siete proyectos por un total de 20,96 millones de euros.
Inversión insuficiente en infraestructuras
Polo asumió la presidencia de la CHJ en febrero de 2021, tras ser nombrado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Desde entonces, la gestión ha sido muy criticada por su escasa ejecución de obras. En su tiempo al frente, se han realizado dos proyectos significativos: uno en el embalse de Bellús y otro en la planta de ósmosis inversa de Albacete, que suman un total de 1,3 millones de euros. Esta cifra contrasta con la labor de María Ángeles Ureña, quien durante su mandato (bajo el PP) finalizó obras como la restauración y acondicionamiento del río Júcar a su paso por Cuenca por 6 millones de euros o la modernización de la red de regadíos en la Acequia Real del Júcar, con una inversión de 3,2 millones. La gestión de Ureña fue mucho más amplia y significativa en términos de inversión y proyectos ejecutados, lo que resalta la falta de ambición en la presidencia de Polo.
Críticas por la falta de alertas y actuación en la DANA
La falta de previsión y de respuesta ante la catástrofe de la DANA ha sido otro de los puntos más criticados de la gestión de Polo. El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia contra él por no haber alertado a tiempo sobre los desbordamientos de los ríos, lo que provocó el caos y las graves consecuencias en varios municipios. El desbordamiento del río Júcar y otras corrientes de agua fueron factores clave en la devastación de localidades como Paiporta, Benetúser, y Catarroja, entre otras. Según fuentes cercanas, la CHJ no comunicó la situación del caudal de los ríos en tiempo real, lo que dejó a las autoridades locales desinformadas y con poco margen para actuar. La crítica también apunta a que la Confederación no adoptó medidas preventivas adecuadas para evitar el impacto de las lluvias torrenciales.
El silencio de Teresa Ribera y las acusaciones a Bruselas
La ministra Teresa Ribera, quien supervisa directamente la CHJ, ha sido igualmente blanco de críticas. Tras las inundaciones, Ribera desapareció de la escena pública, liberando su agenda para preparar sus exámenes de comisaria europea, lo que ha generado gran descontento en la ciudadanía afectada. Desde el 29 de octubre, fecha en que comenzaron las riadas, Ribera no ha realizado declaraciones públicas ni ha visitado las zonas afectadas. Su equipo no aclaró si regresó a España o permaneció en París, donde había asistido a un evento internacional el 28 de octubre, un día antes de las inundaciones. Para muchos, esta ausencia durante la crisis subraya la falta de liderazgo del Gobierno central ante una emergencia de tal magnitud.
Además, los vecinos de las localidades afectadas también han expresado su frustración con las políticas ecologistas europeas, que según ellos, contribuyeron al desastre. Carlos, un vecino de Asanasa, argumenta que la vegetación sin controlar en el cauce de los ríos y las regulaciones medioambientales impuestas por Bruselas empeoraron la situación al obstruir el flujo del agua. "Un puñado de ecologistas manda más que la población", se queja, destacando la falta de medidas de limpieza y adecuación de los cauces.
El llamado a la responsabilidad
Los vecinos afectados por la DANA no solo critican la gestión de la CHJ y del Gobierno central, sino que exigen responsabilidades. Muchos sienten que, a pesar de haber votado a los responsables políticos para que gestionaran las crisis, la ineficiencia y la burocracia han dejado a la población desamparada. En este contexto, los afectados temen que las respuestas oficiales y las indemnizaciones se dilaten en el tiempo, como sucedió con la tragedia de La Palma, y claman por medidas más ágiles y efectivas ante situaciones de emergencia.
