Dos emisarios del PSOE, enviados por Leire Díez, investigaron a la jueza del caso David Sánchez
Según ha revelado El Debate, dos militantes del PSOE, presuntamente integrados en una estructura informal dedicada a obtener información sensible sobre jueces, fiscales y otros agentes involucrados en causas que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajaron en octubre de 2024 a Badajoz con el objetivo de recabar datos personales sobre la magistrada Beatriz Biedma. Se trata de la jueza que instruye la causa contra David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en su contratación por la Diputación de Badajoz.
Una misión en nombre de Leire Díez
De acuerdo con la información publicada por El Debate, los dos emisarios —identificados como Susana y Luis— actuaban bajo la coordinación de Leire Díez, militante socialista señalada por liderar la denominada "célula de fontaneros" del partido. Durante su visita, ambos se reunieron con un funcionario vinculado al PSOE en la cafetería La Marina, un local frecuentado habitualmente por David Sánchez. Según testigos, el encuentro tuvo como finalidad recabar datos íntimos sobre la jueza Biedma, incluyendo su dirección particular, datos laborales de su cónyuge y el colegio al que acuden sus hijos menores de edad.
A pesar de sus esfuerzos, los enviados no hallaron ninguna información comprometedora. Analizaron sin éxito los fallos judiciales de la magistrada y buscaron —también infructuosamente— vínculos familiares o políticos que pudieran sugerir parcialidad. No encontraron motivo alguno que permitiera cuestionar su imparcialidad o profesionalidad.
El intento de recusación orquestado por un exjuez condenado
Ante la falta de resultados, la operación dio un giro. Según El Debate, la célula promovió una estrategia jurídica con la participación del exjuez Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial por una condena de violencia psicológica contra su esposa. En marzo de 2025, Sáenz de Tejada intentó forzar la recusación de la jueza Biedma, alegando haber sido injustamente excluido del procedimiento como acusación popular. La juez desestimó su petición al considerar que carecía de interés legítimo y que su verdadera intención era publicitar su canal de YouTube, Magistrado Anticorrupción TV.
Detrás de esta maniobra, según la misma fuente, se encontraba Javier Pérez Dolset, empresario investigado por la Audiencia Nacional y presunto colaborador habitual de Leire Díez en esta red informal de influencia y recopilación de información. Dolset ha sido relacionado con múltiples intentos de influir en investigaciones judiciales mediante ofrecimientos irregulares a investigados a cambio de información contra agentes de la UCO y fiscales.
Una operación en pleno avance del caso contra David Sánchez
La operación se produjo en un contexto delicado para el PSOE. La magistrada Biedma había autorizado registros en la Diputación de Badajoz, y la Unidad Central Operativa (UCO) ya había incautado miles de correos electrónicos que confirmaban que el puesto ocupado por David Sánchez fue creado específicamente para él. Los mensajes también revelaban que el hermano del presidente apenas acudía a su puesto de trabajo, mientras mantenía una comunicación constante con altos cargos del PSOE, incluido Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación.
Gallardo, que en un primer momento alegó apenas conocer a David Sánchez, fue finalmente procesado por prevaricación y tráfico de influencias. En una maniobra que la oposición tacha de calculada, dejó su cargo para convertirse en diputado autonómico y así acogerse al aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Aunque su causa seguirá su curso, este cambio de jurisdicción dilatará considerablemente los plazos judiciales.
