El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este lunes que le preocupa que se "normalice" el "incumplimiento" de la Constitución, en referencia a los artículos que obligan a la renovación de los órganos constitucionales, y ha reconocido que, de momento, no hay avances para poder nombrar un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De su lado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha mostrado su deseo de que el PP cambie de actitud y pueda haber nuevos vocales antes del mes de marzo.

Así lo han señalado ambos en sendas conversaciones informales con periodistas en el marco del acto institucional que ha acogido el Congreso, como cada 6 de diciembre, con motivo del aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978.

A su llegada a la Cámara, Sánchez ya había hecho un llamamiento a "cuidar" la Carta Magna cumpliéndola "de pe a pa", desde "el primero hasta el último" de sus 169 artículos. En esa declaración pública no ha citado expresamente la situación del órgano de gobierno de los jueces, que este fin de semana ha cumplido tres años caducado, pero después sí ha hablado de esta cuestión.

Tras el discurso de la presidenta, Meritxell Batet, se ha visto cómo Sánchez saludaba al nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, con quien también ha charlado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Sánchez también ha intercambiado algunas palabras con el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

El presidente del Gobierno ha recordado cómo el pasado mes de octubre, en cuanto el líder del PP, Pablo Casado, tendió la mano para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, se produjo un acuerdo que lo hizo posible.

DOS NO BAILAN SI UNO NO QUIERE

Casado dejó fuera de aquella negociación el CGPJ y, según ha reconocido Sánchez, no se ha producido ningún avance para esa renovación ni ha vuelto a hablar de ese tema con el líder de la oposición. "Dos no bailan si uno no quiere", ha resumido el presidente del Gobierno.

A su juicio, en momentos de crisis como el actual, es importante contar con unas instituciones renovadas. Por eso, ha insistido en la necesidad de que el PP ponga fin a esta situación "absolutamente inédita", asuma que no tiene mayoría para cambiar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces y se avenga a un acuerdo.

En este contexto, ha mostrado su preocupación por lo que considera un claro "incumplimiento" de la Constitución y ha insistido en que la Carta Magna debe cumplirse en su integridad y no en función de si te "interesa" o no un determinado artículo.

También se ha referido al retraso en la renovación la ministra de Justicia, Pilar Llop. En una conversación con periodistas tras el acto institucional, Llop ha mostrado su deseo de que pueda haber nuevo CGPJ antes del próximo mes de marzo, cuando está previsto que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visite España.

La ministra ha explicado que esa visita está relacionada con el informe anual de la UE sobre la situación del Estado de Derecho en los países miembros. En su última edición, del pasado mes de julio, ese informe llamaba a la renovación del CGPJ y desde Bruselas insisten en que siguen vigilantes para que ésta se produzca.

EL MÁS INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO

Reydens estuvo en España el pasado mes de septiembre, cuando se reunió con las principales asociaciones de la judicatura, y defendió una reforma del sistema de elección de los vocales, la condición que plantea el PP para abrirse a un acuerdo.

Pero Llop ha dejado claro que la renovación pendiente debe hacerse con el sistema actual, con independencia de que después se pueda evaluar la conveniencia o no de reformarlo, y ha hecho hincapié en que en España los miembros del CGPJ que proceden de la Judicatura ya son "elegidos por los jueces", como insiste en reclamar Casado.

Además, respecto a una eventual reforma ha avisado de que cuando se toca una "pieza del puzzle" del entramado constitucional hay que pensarlo muy bien y ha recalcado que actualmente el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces que tiene más competencias de toda Europa por ser precisamente el que goza de mayor independencia respecto del Ejecutivo.

PODEMOS

Pese a las palabras del presidente del Gobierno en defensa de la Carta Magna, Unidas Podemos, su socio minoritario del Gobierno, no ha dudado en aprovechar la jornada para "impugnarla", calificándola de "traje viejo" y abogando por abrirla en canal para que los jóvenes que no la votaron decidan si quieren vivir "bajo una monarquía obsoleta y corrompida" o prefieren una "república moderna".

En estos términos se han expresado el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, y el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello.

Ambos han aprovechado no sólo para arremeter contra los partidos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- a los que tachan de "franquistas", sino también contra el propio PSOE, con quien comparten Gobierno de coalición.

Pisarello ha acusado a los socialistas de "no plantar cara a la involución" con su negativa reiterada a investigar en el Congreso los casos de corrupción que, afirman, afectan a Juan Carlos I y a la Familia Real, así como no hacer frente al "vaciamiento de los derechos y libertades que el movimiento antifranquista introdujo" en la Carta Magna y que ahora, en su opinión, impulsa la ultraderecha "con el PP a remolque". "Frente a este vaciamiento, pedimos", ha recalcado, "cambios constitucionales de fondo para blindar los derechos sociales" y dibujar una Constitución "verde y feminista".

Por su parte, Asens ha mostrado su rotundo desacuerdo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para quien la Constitución no necesita reformas. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos insiste en que el país debe hacer frente a tres "retos" que deberían quedar recogidos en un nuevo texto constitucional.

A saber: el reto democrático con cambios en el sistema electoral para impulsar la participación directa de los ciudadanos; el reto territorial para desarrollar el Estado conforme a un modelo federal, plurinacional y en el que quepa el derecho a la autodeterminación y, finalmente, el reto social blindando derechos como la sanidad, la educación o la vivienda.

Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado, ante una posible modificación de la Constitución: "Lo primordial es el reconocimiento de la nación vasca, la bilateralidad, un árbitro neutral y el derecho a decidir"