En un contexto marcado por la denuncia interpuesta por los servicios jurídicos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ante la Fiscalía General del Estado (FGE), surgen importantes reflexiones sobre el uso del Derecho Penal en relación con los incidentes ocurridos durante las celebraciones de las campanadas en la sede de Ferraz el pasado 31 de diciembre. Expertos penalistas, al ser consultados, expresaron su preocupación acerca de la posible utilización del Derecho Penal como un instrumento de represión de sentimientos y como una herramienta para educar a la sociedad.

La denuncia en cuestión se basa en los golpes e insultos dirigidos hacia una piñata con la representación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. No obstante, varios juristas consultados plantean interrogantes sobre la aplicabilidad del delito de odio en este caso específico. Argumentan que dicho delito solo debe ser considerado cuando existe una inducción o provocación concreta contra un colectivo determinado, con la consecuencia de causar un daño real a las personas o bienes vinculados a ese grupo.

El magistrado Joaquim Bosch ha destacado que, en su opinión, los acontecimientos en Ferraz no pueden ser catalogados como un delito de odio, sino como una medida de protección hacia colectivos vulnerables. Contrariamente a lo alegado en la denuncia del PSOE, los expertos sostienen que no hay evidencia de exaltación de conductas violentas y argumentan que los hechos se sitúan dentro del ámbito legítimo de la crítica política.