La defensa de Begoña Gómez recurre para evitar un juicio con jurado popular
La polémica en torno al futuro judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, suma un nuevo capítulo. Según la información publicada por El Debate, su defensa ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar la investigación sobre la presunta malversación de caudales públicos a un eventual juicio con jurado popular.
La cuestión no es menor. El jurado popular es una figura incorporada al ordenamiento jurídico español en 1995, bajo el mandato del socialista Felipe González. En aquel momento, el PSOE impulsó que el delito de malversación quedara incluido entre los que podían ser juzgados por ciudadanos corrientes y no por magistrados de carrera. Una decisión que el Partido Popular criticó y que le llevó a abstenerse en la votación parlamentaria, al advertir que se trataba de un delito complejo y técnico.
Los argumentos de la defensa
En el recurso de apelación, la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que no existen indicios suficientes que vinculen a la mujer del presidente con las gestiones de Cristina Álvarez, su amiga y asesora en Moncloa. Se afirma que Begoña Gómez nunca participó en el nombramiento ni en el pago de emolumentos a Álvarez y, por tanto, no habría cometido malversación alguna.
El escrito insiste en que Gómez es «una particular» y no puede ser considerada funcionaria pública a efectos penales. En palabras de la defensa: «Es indiscutible que, como cónyuge del presidente del Gobierno, ni tiene mando ni participa en el ejercicio de funciones públicas».
Camacho también subraya que los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil, en los que figura la participación de Álvarez en gestiones vinculadas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, responden a un papel «meramente auxiliar». Según su versión, la verdadera responsable de dirigir y gestionar la cátedra era Begoña Gómez, junto con el vicerrector y entidades colaboradoras como Reale Seguros o la Fundación La Caixa.
La visión de los tribunales
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ya había establecido en una resolución del pasado mes de junio que, a efectos penales, el concepto de funcionario público es más amplio de lo que alega la defensa. Esa interpretación permitiría incluir no solo a Álvarez, sino también a la propia Gómez en su papel de directora de la cátedra.
El riesgo procesal es elevado: las estadísticas muestran que el 92,9 % de los juicios con jurado popular terminan en condena, lo que explica la preocupación del entorno de la esposa de Sánchez y su estrategia para evitar este escenario.
