En un decisivo paso hacia su inminente aprobación el próximo jueves en el Congreso, la Ley de Amnistía ha generado un profundo desacuerdo por parte del Partido Popular (PP), que ha expresado su frontal rechazo mediante la aprobación de la Declaración de Córdoba. En este documento, suscrito en la ciudad andaluza por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y los 14 barones territoriales, se destaca la corrupción política que, según el PP, ha caracterizado la gestión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La Declaración de Córdoba, compuesta por siete puntos, censura la "extrema debilidad" del PSOE, argumentando que esta ha llevado a la democracia española a "uno de los momentos más graves de su historia". Entre los puntos destacados, se subraya la supuesta sumisión del Gobierno central a las exigencias de Junts y ERC, partidos independentistas que amenazan con impulsar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

El PP, mediante este comunicado, arremete contra la Ley de Amnistía, tildándola como una "ley de impunidad" que busca el perdón para aquellos encausados por los eventos del 1-O. Los populares sostienen que esta normativa "blinda el privilegio, la desigualdad y el olvido", fundamentándose, según su perspectiva, en la mentira y una transacción corrupta. Afirman que la medida tiene como objetivo asegurar el respaldo político necesario para que el presidente Pedro Sánchez mantenga su posición en La Moncloa.

Además, desde la dirección del PP, se demandan "explicaciones y dimisiones" al Gobierno, especialmente en relación con el caso Koldo, en el cual se encuentra implicado un cercano colaborador del exministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos. La intención es poner de relieve las presuntas tramas de corrupción y el presunto torpedeo a la investigación que, según los populares, se han suscitado en medio de la pandemia.

La Declaración de Córdoba remarca la percepción del PP de que, a través de la amnistía, Sánchez busca "desactivar uno de los poderes del Estado, en este caso el judicial". Esto, según el partido, representaría un ejercicio de autoritarismo incompatible con el sistema democrático, agravado por las actuales acusaciones de corrupción que involucran a miembros destacados del Gobierno y otras instituciones.

En este contexto, el PSOE es acusado de intentar disfrazar la ley de impunidad como un acto de reconciliación, una afirmación que el PP considera falsa, tanto en Cataluña como en el conjunto de España. La preocupación de los populares radica en la inmoralidad e ilegalidad que atribuyen al texto legislativo, cuyo impulso, aseguran, ha generado divisiones en el país y otorgado al independentismo una sensación de impunidad.

Ante este panorama, el PP reafirma su compromiso de trabajar para frenar la aprobación de la ley en todas las instancias posibles. Además, anuncian su disposición a seguir denunciando cualquier derivada del presunto desfalco en las arcas públicas, sin importar la figura pública involucrada.

La Declaración de Córdoba ha sido suscrita por varios presidentes autonómicos del PP, incluyendo a líderes de comunidades como Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Melilla, y Ceuta. Estos dirigentes regionales respaldan de manera unánime la postura del partido y se comprometen a utilizar sus competencias para preservar la igualdad y solidaridad que, según el PP, están siendo menoscabadas por las acciones del Gobierno central.