David Sánchez pide más tiempo: recurrirá el procesamiento y solicita unas últimas declaraciones
La solicitud de suspensión de plazos por parte de la defensa del hermano de Pedro Sánchez marca un nuevo capítulo en el caso de presunta prevaricación y tráfico de influencias en la Diputación pacense
La defensa del hermano del presidente del Gobierno solicita a la jueza Beatriz Biedma que suspenda el plazo legal de diez días para presentar el recurso contra el auto de procesamiento, alegando que aún no ha recibido las transcripciones de las últimas declaraciones judiciales, fundamentales para preparar su defensa.
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, recurrirá su procesamiento tras la decisión de la jueza del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz de proponer juicio oral por su presunta implicación en un proceso irregular de contratación en la Diputación pacense. Junto a él han sido procesados otros diez altos cargos, entre ellos el presidente de la Diputación y líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La defensa solicita suspender los plazos procesales
El abogado del investigado, Emilio Cortés, ha solicitado expresamente que se suspenda el cómputo del plazo legal establecido en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta que el juzgado facilite las actas de las testificales celebradas el pasado 25 de abril, en las que también declaró el propio Sánchez. El letrado argumenta que la imposibilidad de acceder a estas declaraciones compromete el derecho de defensa.
En su escrito, Cortés recuerda que la jueza había limitado expresamente el acceso a las declaraciones para evitar filtraciones, por lo que resulta imprescindible contar con ese material antes de formular el recurso. Considera que la única vía legal es suspender los plazos "hasta que se cumplimente la entrega".
La investigación: un puesto creado “a medida”
El auto de procesamiento de 71 folios dictado esta semana sostiene que la plaza de coordinador de los conservatorios fue diseñada ad hoc para David Sánchez, sin justificación administrativa, y con entrevistas supuestamente simuladas. La juez cita correos cruzados entre los responsables de Cultura de la Diputación y uno de los directores de los conservatorios, donde se hacía referencia al nuevo puesto como el del “hermanísimo”, en clara alusión al hermano del entonces secretario general del PSOE.
Sánchez firmó el contrato en junio de 2017. Según el testimonio de varios testigos, buscó alojamiento en Badajoz incluso antes de que se celebrara la entrevista formal, hecho que, a juicio de la magistrada, demuestra que el resultado del proceso “ya estaba decidido”.
“No es verosímil que no lo supieran”
En su resolución, la jueza Beatriz Biedma apunta directamente al núcleo de mando de la Diputación de Badajoz y subraya que no es creíble que Gallardo, los directores de Cultura y el resto de investigados desconocieran el carácter dirigido del procedimiento. En palabras textuales:
«No es verosímil que dicho hecho no fuera conocido por el presidente de la Diputación (el socialista Miguel Ángel Gallardo), directores de Cultura y resto de investigados, pues aunque Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno cuando se creó el puesto, sí que había sido secretario general del PSOE entre 2014 y 2016 y volvió a serlo en mayo de 2017, siendo nombrado presidente del Gobierno en junio de 2018».
La jueza también recuerda que se omitió la obligación constitucional de garantizar un proceso selectivo en condiciones de igualdad. El nombramiento, afirma, respondió a un designio político orientado a colocar a Sánchez en un cargo público sin cumplir con los principios de mérito y capacidad.
Próximos pasos procesales
Una vez entregadas las transcripciones y si se acepta la suspensión solicitada, la defensa dispondrá de nuevos plazos para impugnar el auto de procesamiento. Mientras tanto, la Fiscalía y el resto de partes personadas pueden optar por solicitar la apertura de juicio oral o bien proponer el sobreseimiento, si así lo estiman. La juez también permite en su auto la práctica de diligencias complementarias si se considera necesario.
El caso, que afecta de lleno al entorno familiar del presidente del Gobierno, se enmarca en una trama más amplia de adjudicación de puestos en la Diputación pacense, y se suma a otras investigaciones abiertas que salpican al círculo más próximo del jefe del Ejecutivo.
