Darias hace estas declaraciones el mismo día en el que el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, anunció que se prohibirán las marchas de más de 500 personas en la capital el 8M. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abogó este miércoles directamente por no celebrar manifestación alguna ese día: «todos sabemos» lo «difícil» que es controlar a 500 personas, dijo, y desde las instituciones no se pueden transmitir «mensajes equívocos». 

La ministra sale así al paso del recado del alcalde madrileño, quien además consideró que el Gobierno central debería «entonar el mea culpa» y «pedir perdón» por la manifestación del 2020. El año pasado, en plena explosión de la primera ola del coronavirus, alrededor de 120.000 personas participaron en una manifestación reivindicativa del 8M en la capital. Un día después, se ordenó el cierre de todos los colegios de Madrid, se recomendó con insistencia el teletrabajo en todo el país y se pidió a las personas mayores o con patologías que limitaran sus salidas de casa. Una semana más tarde, toda España estaba confinada.  

 La Delegación del Gobierno en Madrid ha recibido ya y autorizado «algunas» peticiones de organizaciones feministas para manifestarse, por ser concentraciones de menos de 500 personas que «mantienen los parámetros exigibles» en la situación sanitaria, explicó el delegado Franco. Almeida, sin embargo, cree que si en Madrid se han suspendido «numerosísimos eventos» a lo largo del año, «a lo mejor también desde el Gobierno, aunque solo sea por una cuestión simbólica, debería plantearse otra forma de celebrar el 8M que no fuera mediante concentraciones en las calles».

La celebración del 8M del 2020 fue objeto de una investigación que acabó archivándose al no apreciar la jueza indicios de delito. Concluyó que el delegado del Gobierno «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones». Franco «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario», recoge en el auto, que sí contiene algunas alusiones críticas a su proceder, señalando que no actuó pese a la suspensión de toda actividad educativa en Madrid el 9 de marzo. Añade que al no prohibirse ni tomarse precauciones, «la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio del covid-19, es decir, supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública».

 

Al margen de esta cuestión, Carolina Darias dio cuenta de que en el Consejo Interterritorial existe una sensibilidad «compartida por todos», para elaborar un documento único que guíe las decisiones de las comunidades de cara a la Semana Santa, aunque su posición es de máxima cautela con la desescalada, especialmente en regiones, como Madrid, que siguen con una incidencia muy alta. También dijo la ministra que esperarán a los informes jurídicos para ver si la nueva ley gallega de sanidad incurre en alguna «posible limitación de derechos fundamentales», y puso el acento tanto en el millón largo de vacunas que se reparten esta semana, como en el trabajo en marcha con las comunidades para, a partir de abril, cuando se espera un incremento sustancial de dosis, poner a su disposición «espacios más amplios» para una inoculación masiva. 

La definición de los siguientes grupos prioritarios, en el que estarán los enfermos con patologías de riesgo, aún está pendiente. La ponencia de vacunas tiene la propuesta muy avanzada y la Comisión de Sanidad podría pronunciarse en breve.