El cuñado de Cerdán: de incendiar una casa con su familia dentro a cobrar 53.000 € en plena condena
La contratación del cuñado del dirigente socialista reabre las sospechas sobre el uso clientelar de fondos públicos
Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue contratado por Servinabar —empresa investigada por presunta corrupción— mientras cumplía condena por incendiar la casa donde dormían su exmujer y sus dos hijos. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca lo condenó a tres años de prisión. El vínculo entre Muñoz Cano y la red empresarial de Cerdán vuelve a cuestionar la ética de contratación en entornos vinculados al poder político, según desvela OKDIARIO.
El pirómano
Según consta en la sentencia judicial, los hechos ocurrieron en 2016. Muñoz Cano, con antecedentes por adicción a estupefacientes y amenazas, accedió al domicilio de su exmujer en Muro (Mallorca) y provocó un incendio con riesgo evidente para la vida de la familia. El vehículo calcinado y los daños superaron los 30.000 euros. Las amenazas fueron constantes y explícitas, dirigidas también contra su cuñado. El condenado cumplió parte de su pena en Palma y otra en Sevilla, en tercer grado.
Peón especialista
La posterior contratación de Muñoz Cano como “peón especialista” por Servinabar plantea serias dudas sobre el control de los recursos públicos. Según la UCO, Servinabar —empresa vinculada a la presunta red de comisiones del entorno de Cerdán— facturó 1,8 millones de euros a través de una única persona: el cuñado condenado. Las sospechas no son menores: parte de esas comisiones habrían revertido en pagos personales de hasta 450.000 euros a Santos Cerdán. El hecho de que se emplee a personas con condenas firmes por delitos violentos en contratos públicos bajo investigación demuestra la absoluta falta de filtros éticos y técnicos.
Modelo clientelar socialista
Este episodio refuerza la percepción de que el modelo clientelar del PSOE en algunas regiones como Navarra o Baleares carece de control externo efectivo. Mientras comunidades como Madrid o Castilla y León han reforzado los filtros de idoneidad para personal contratado indirectamente por la Administración, el caso andaluz y ahora el navarro reflejan un uso arbitrario de las contrataciones públicas. La falta de evaluación técnica permite el acceso de personas con antecedentes penales graves a contratos públicos millonarios. Este contraste demuestra la necesidad de reformular los criterios de acceso y fiscalización en todo el sistema institucional español.
La Guardia Civil investiga
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga si Cerdán tuvo un papel directo en la contratación de su cuñado y si Servinabar actuó como vehículo opaco para repartir mordidas entre cargos del partido. Hasta ahora, el PSOE no ha ofrecido ninguna explicación oficial, y la dirección nacional guarda silencio. Por el contrario, varias asociaciones judiciales y de víctimas de violencia han reclamado explicaciones y exigido que se excluya de la contratación pública a personas condenadas por delitos graves. La trama apunta a una utilización del entramado empresarial afín al PSOE para canalizar recursos públicos hacia intereses privados.
Enfermedad estructural
El caso del cuñado de Cerdán representa un síntoma más de una enfermedad estructural: la utilización del poder político para colocar a familiares, afines o condenados en entornos donde circula el dinero público. Esta dinámica, amparada en el silencio institucional, atenta contra la justicia, la igualdad de oportunidades y la dignidad del servicio público. El fortalecimiento de las unidades de cumplimiento y de los criterios éticos en las adjudicaciones es hoy una urgencia nacional. No se puede confiar el Estado a quienes, amparados en la militancia, convierten el mérito en un obstáculo.
