Las organizaciones policiales expresan su rechazo, señalando que la propuesta de amnistía, surgida del acuerdo entre el PSOE y partidos independentistas, plantea graves preocupaciones sobre la integridad del Estado de Derecho y la equidad en el tratamiento judicial.

En un desarrollo que ha generado intensos debates y tensiones en el ámbito político y judicial de España, los sindicatos de la Policía Nacional han reaccionado vehementemente a la reciente propuesta de ley de amnistía destinada a beneficiar a líderes independentistas catalanes.

Desde la firma del acuerdo entre el PSOE y partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha surgido una serie de críticas por parte de las fuerzas de seguridad del país.

Según las declaraciones de los sindicatos policiales, la propuesta de amnistía representa un «insulto» para las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que, según ellos, perdona a políticos y manifestantes violentos vinculados al referéndum del 1-O y la sentencia del ‘procés’.

No obstante, lo que ha suscitado mayor controversia es la exclusión de una «gran parte» de agentes que se encuentran bajo investigación por delitos graves, como torturas, tratos inhumanos o degradantes.

Las organizaciones policiales, incluidas las de la Guardia Civil, han expresado su oposición de manera constante durante semanas, considerando que la norma constituye un «ataque flagrante al Estado de Derecho».  Según ellos, esta propuesta, en lugar de buscar un equilibrio entre reconciliación y justicia, equipara a los agentes de las fuerzas de seguridad con los líderes del ‘procés’, generando inquietudes sobre la independencia judicial y la posible polarización de la sociedad.

Fuentes internas del colectivo policial han estimado que al menos 73 agentes podrían beneficiarse de la amnistía propuesta. Este número incluiría a 27 policías y un guardia civil que actualmente enfrentan juicio por delitos de lesiones en Girona. Sin embargo, el borrador del acuerdo excluye delitos de torturas y contra la integridad moral, que permanecen como excluidos para la amnistía «siempre que superen un umbral mínimo de gravedad».

Adicionalmente, otros 45 agentes de la Policía se encuentran procesados por las cargas en Barcelona, con su situación legal aún pendiente de juicio por delitos de lesiones o torturas.

Ataque flagrante al Estado de Derecho

Según JUPOL, la futura ley de amnistía -de acuerdo al borrador del acuerdo- mantiene las dudas sobre el alcance de los funcionarios policiales ya que «deja fuera a la gran mayoría de agentes imputados por el 1-O y los disturbios en Cataluña de 2019». El objeto de la crítica se centra en que la norma pactada con el partido de Carles Puigdemont en un principio incluye las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales para frenar la independencia en Cataluña, pero luego excluye los casos que afecten a agentes implicados en «actos dolosos» como la pérdida o la inutilidad de un órgano, miembro o sentido, así como delitos de torturas o de tratos inhumanos.

«Esta ley es un ataque flagrante al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la Constitución, y una falta de respeto a los miles de policías que arriesgaron su vida», denuncia JUPOL.

«Es una ley que dejará imputados a policías y perdonará los presuntos delitos de los CDR, de Tsunami Democràtic y del propio Puigdemont, que deberían ser procesados por terrorismo, tal y como ya ha expresado la Justicia», continúa JUPOL, que denuncia el «menosprecio absoluto a los 10.000 policías» trasladados a Cataluña para frenar el 1-O.

El SUP ha criticado que la proposición de ley «deja fuera a gran parte de los agentes encausados». «Pero decimos alto y claro que trabajaremos sin descanso con nuestros servicios jurídicos para lograr la libre absolución de todos ellos, porque son héroes y como tal van a ser recordados por la historia», advierte el sindicato, que añade: «Quienes han limpiado las manos de los delincuentes, llenas de sangre de los policías, serán recordados como traidores».

Enérgico rechazo

El sindicato expresa su «rechazo más enérgico posible» porque parte d de la base de que los policías merecen ser amnistiados por un delito que niegan haber cometido.

La ley, según ellos, «genera inseguridad, incertidumbre y desprotección al conjunto de la ciudadanía».

En otro comunicado, la CEP ha reiterado que cualquier amnistía es una «herramienta legal», pero que «erosiona gravemente» el trabajo de las Fuerzas de Seguridad porque «traslada la equivocada idea de que la comisión de un delito puede salir gratis y puede quedar impune».

«Mezclar a servidores públicos ejemplares con quienes buscaron imponer por la vía de los hechos o por la fuerza una iniciativa abiertamente enfrentada a la Constitución Española constituye un insulto y un ejercicio de cinismo difícilmente superable, que merece nuestro rechazo más enérgico», ha señalado la CEP.

El texto de la proposición de ley también ha sido rechazado por UFP al considerar que «crea un escenario de impunidad para dejar sin castigo miles de delitos y sin responsabilidad a cientos de delincuentes que nada tienen que ver con las consultas aludidas», en referencia a las del 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017.

El juez de ‘Tsunami’ pide amparo al CGPJ. 

El juez de la AN Manuel García Castellón ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que acusó al instructor de ‘Tsunami Democratic’ de querer influir en las negociaciones de la ley de amnistía con el auto por el que dirigía la investigación contra el ex president catalán Carles Puigdemont. Así lo confirman fuentes jurídicas que añaden que los hechos también han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que valoren si el ‘número 2’ del Ministerio de Justicia pudiera haber incurrido en un algún delito. Fue el pasado 8 de noviembre cuando Tontxu Rodríguez en una entrevista señaló de forma irónica que era una «casualidad» que García Castellón dirigiera la investigación sobre ‘Tsunami’.