Corrupción con sello internacional: la Guardia Civil rastrea millones del PSOE en paraísos fiscales
La investigación judicial del denominado caso PSOE ha entrado en una fase crítica. Según publica El Debate, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto una doble línea de investigación para determinar tanto el paradero internacional de los fondos presuntamente obtenidos mediante comisiones ilegales, como la posible canalización de una parte de esas mordidas hacia la financiación del Partido Socialista Obrero Español.
Dos focos de interés: financiación política y paraísos fiscales
Los investigadores, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, centran sus esfuerzos en reconstruir el destino de al menos cinco millones de euros que habrían sido percibidos por los principales imputados de la trama —Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre— a cambio de adjudicar contratos públicos de forma supuestamente irregular.
La primera de estas vías apunta directamente a la posible financiación ilegal del PSOE, como persona jurídica. El ingreso en prisión sin fianza del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, ha acelerado esta línea de trabajo, especialmente tras la intervención de correos electrónicos corporativos y personales en la sede de Ferraz, ejecutada por orden judicial.
La segunda línea, de carácter internacional, se orienta al rastreo de movimientos financieros opacos vinculados a las empresas favorecidas por la trama, en especial Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR). Los agentes exploran vínculos empresariales en Panamá, Argelia y Armenia, países en los que estas compañías mantienen presencia operativa y donde podrían haberse triangulado fondos fuera del control de las autoridades fiscales españolas.
El papel de las empresas adjudicatarias
La investigación señala como beneficiarias de las adjudicaciones bajo sospecha a empresas con relaciones orgánicas o personales con los investigados. Se destaca, entre otros casos, la participación de Acciona en un consorcio que resultó adjudicatario del túnel de Belate, obra por la que se detectaron comisiones significativas. Uno de sus directivos en Navarra, Fernando Merino, está vinculado familiarmente con los propietarios de OPR, los hermanos Fernández Menéndez, lo que estrecha el cerco en torno a las conexiones estructurales de la trama.
Los contratos investigados superan los 537 millones de euros, según el cálculo provisional ofrecido por el magistrado instructor en su auto de prisión preventiva para Cerdán. La sospecha central es que una porción de los beneficios ilícitos generados en esas licitaciones habría terminado nutriendo la estructura del partido, hipótesis que los investigadores sostienen a partir de grabaciones realizadas por Koldo García, supuestamente entre los años 2019 y 2023.
Financiación opaca y personación del PSOE como posible imputado
En los audios recogidos por la UCO se describen mecanismos de reparto del dinero obtenido en las licitaciones fraudulentas, incluyendo un “porcentaje para el partido”. Este extremo podría traducirse en la imputación del PSOE como persona jurídica, una figura prevista en la legislación penal española para atribuir responsabilidades penales a formaciones políticas por delitos cometidos en su beneficio.
Dado el volumen y la complejidad de la causa, la investigación se halla aún en una fase embrionaria en lo que respecta a la parte económica. Los agentes trabajan en la consolidación de una nueva entrega documental, que detallará con precisión el recorrido de los fondos desde su adjudicación hasta su eventual desvío, tanto dentro como fuera del país.
Antecedentes políticos y judiciales
La dimensión del caso ha tenido repercusiones políticas inmediatas. Santos Cerdán dimitió de todos sus cargos orgánicos e institucionales el pasado 12 de junio, apenas horas después de conocerse el primer informe de la UCO. Le siguieron las comparecencias judiciales de Ábalos y García, ambos también imputados. El propio PSOE permanece a la espera de si el tribunal opta por abrir formalmente una pieza separada para investigar su posible responsabilidad institucional.
El panorama judicial se ensombrece aún más con la hipótesis de que el circuito del dinero negro no se limitó al lucro personal de los participantes, sino que pudo alimentar estrategias estructuradas de poder político, destinadas a reforzar la posición del partido en determinadas comunidades autónomas o, incluso, en el plano nacional.
