Un correo confirma que Leire Díez intervino en la gestión del voto por correo
Según publica The Objective, la ex alto cargo de Correos y exmilitante socialista Leire Díez mantuvo contacto directo con la Junta Electoral Central (JEC) para solicitar la continuidad de medidas excepcionales vinculadas al voto por correo durante los comicios andaluces de 2022. La comunicación fue enviada el 26 de abril de ese año, el mismo día en que se disolvía oficialmente el Parlamento autonómico y se convocaban elecciones.
La gestión del voto a distancia en pandemia
En su misiva, Díez apelaba a la necesidad de proteger la salud pública pese al retroceso de la pandemia, justificando que persistían riesgos derivados de las variantes del virus. Por ello, solicitó mantener el protocolo excepcional que permitía a los electores entregar en mano sus votos a los carteros, sin necesidad de acudir a oficinas de Correos, una medida aplicada desde mayo de 2020.
La JEC respondió afirmativamente el 5 de mayo de 2022, reafirmando que esa fórmula no vulneraba el secreto del sufragio, siempre que se aplicaran las debidas garantías. La petición fue canalizada formalmente a través del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez y artífice de la contratación de Díez en la empresa pública.
Correos niega responsabilidades, pero los documentos la implican
Aunque Correos sostiene oficialmente que Leire Díez “nunca fue responsable del voto por correo”, la documentación obtenida por el citado medio indica que desempeñó un papel activo en su gestión. Como directora de Relaciones Institucionales, coordinó aspectos logísticos del servicio en procesos electorales recientes, y llegó a gestionar hasta 2.500 oficinas y más de 9.000 trabajadores, según fuentes internas.
La participación de Díez fue especialmente visible en las elecciones generales de 2023, donde presumió en redes sociales de su rol operativo, pese a la negativa oficial de Correos a reconocer su implicación directa. La contradicción entre los comunicados de la empresa pública y las pruebas documentales ha incrementado la controversia.
Contexto: los audios y el “caso UCO”
Esta revelación se produce en un momento de máxima exposición mediática para Leire Díez, tras la difusión de audios en los que ofrece presuntos favores judiciales a cambio de información que permita debilitar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En esas grabaciones, pide datos comprometedores sobre el teniente coronel Antonio Balas, encargado de investigar a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno, así como el llamado caso Koldo.
La implicación de Díez en esta presunta red de interferencia ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de instrumentalización de estructuras estatales para proteger al Ejecutivo, en un contexto donde varias causas judiciales amenazan con alcanzar al núcleo del poder socialista.
Una carrera ligada al sanchismo
Leire Díez, periodista de formación, ha estado vinculada al sanchismo desde sus inicios. Fue una de las activistas que apoyó a Pedro Sánchez tras su dimisión del Comité Federal del PSOE en octubre de 2016, y su carrera profesional en el sector público se ha desarrollado de forma paralela al ascenso del actual presidente.
Tras ocupar un cargo de prensa en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), Díez dio el salto a Correos en noviembre de 2021, y apenas tres meses después fue ascendida por Serrano a un puesto de nueva creación como directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro, con una retribución estimada cercana a 120.000 euros anuales.
El episodio del correo electrónico a la JEC se suma a una larga cadena de indicios sobre el uso instrumental de estructuras del Estado para influir en procesos sensibles, como el voto a distancia o la instrucción de causas judiciales. La figura de Leire Díez se consolida como un nexo de conexión entre la cúpula del PSOE, la Fiscalía y empresas públicas, en una operación que ha comenzado a ser investigada en varias instancias.
La controversia no cesa. Y mientras los partidos de la oposición exigen una investigación parlamentaria urgente, la imagen del Gobierno se ve cada vez más erosionada por los vínculos entre su entorno político y presuntas maniobras encubiertas para preservar su estabilidad institucional.
