El constructor del caso Koldo admite que pidió ver a Cerdán tras quedarse sin obras
El 4 de julio de 2025, ante el Tribunal Supremo, el empresario José Ruz, titular de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), ofreció una declaración que añade densidad a una investigación ya intrincada sobre presuntas prácticas corruptas vinculadas a altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La figura de Ruz, hasta entonces una pieza lateral en la narrativa pública del llamado “caso Koldo”, emerge ahora como nexo de comunicación entre diversos vértices políticos y empresariales.
Durante su comparecencia, Ruz confirmó haber sostenido múltiples encuentros con el exministro José Luis Ábalos, tanto en su residencia privada como en otras ubicaciones no especificadas. Si bien evitó detallar el contenido de estas reuniones, los investigadores las han relacionado con un esquema más amplio de relaciones informales entre contratistas y figuras políticas del Ejecutivo.
La arquitectura semántica: claves, metáforas y “café”
Uno de los elementos más significativos de su testimonio reside en la validación del uso de lenguaje en clave, una práctica cuya existencia ya había sido sugerida en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En particular, Ruz reconoció que las comunicaciones con Koldo García, asesor ministerial y escolta político de Ábalos, se producían a través de teléfonos seguros, activados mediante la palabra clave: “café”.
Del mismo modo, Ruz admitió que al hablar del “navarro” se refería a Santos Cerdán, y que el término “la ganadería” designaba al conjunto de partidos políticos, y específicamente al PSOE. Esta codificación refuerza la hipótesis de una estructura de comunicación paralela a los canales oficiales, orientada a preservar la confidencialidad de las negociaciones o reclamaciones entre partes.
Obras, exclusiones y el baile político
Los mensajes interceptados, y ahora contextualizados por el propio Ruz, revelan una lógica de inclusión y exclusión en el acceso a la contratación pública. En marzo de 2022, Ruz solicitó —a través de García— una reunión con Cerdán, expresando su preocupación por el hecho de que hubiese “heridos inocentes” y “gente fuera del baile”, lo que según su expresión, “no era conveniente para la ganadería”.
Este lenguaje sugiere la percepción de que ciertas empresas habían sido marginadas del circuito de adjudicaciones, un hecho que el propio empresario vinculó con supuestas malas referencias hacia su firma en el entorno del PSOE. Según declaró, una fuente interna le habría advertido que el partido lo había “puesto en la quilla”, expresión que indica una posible exclusión deliberada.
El empleo de terceros como cortina contractual
En relación con los pagos documentados por la UCO, Ruz ofreció una versión de los hechos que introduce una cadena de subcontratación como escudo frente a las acusaciones de soborno. Reconoció que Koldo García fue empleado en una obra de Benidorm, no por LIC directamente, sino a través de una empresa de seguridad contratada por Juan Carlos Etero, un tercero que según su relato asumía la vigilancia de los proyectos. El sueldo mensual, 2.600 euros netos, fue confirmado, aunque enmarcado en una relación laboral convencional.
No obstante, la Guardia Civil sostiene que esta contratación fue una simulación diseñada para enmascarar pagos por favores políticos, con una compensación posterior entre LIC y la firma de Etero. Esta línea argumental será probablemente central en la fase probatoria del caso.
Elementos comunes y trazabilidad de la red
Para el magistrado instructor, Ruz representa un “elemento común” entre los principales investigados, no sólo por sus reuniones con García, Ábalos y Cerdán, sino también por el papel de transmisor de información y resultados de encuentros. Su primer contacto con García data de 2019, y desde entonces mantuvieron comunicación mediante tarjetas SIM específicas, facilitadas por el propio asesor ministerial.
La estructura de la red se articula en torno a actores con distintas funciones: Víctor de Aldama como presunto facilitador inicial, García como operador logístico y Ábalos y Cerdán como presuntos garantes del acceso político. Ruz habría incluso ocultado sus contactos con estos dos últimos al propio De Aldama, según los pinchazos recopilados.
La expansión de la trama: nuevas declaraciones, mismos patrones
Otros empresarios, como los hermanos Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos), han comparecido ante el juez negando mordidas, aunque uno de ellos admitió haber gestionado un empleo para la exmujer de García. De nuevo, la figura de la subcontratación y la intermediación se utiliza para justificar flujos financieros hacia el entorno del exasesor ministerial.
La instrucción ya ha identificado tres contratos de obra pública adjudicados a LIC con irregularidades: en Asturias, Teruel y la Autovía Camino de Santiago, con un valor total de 78,8 millones de euros. A ello se suma la presunta intervención de García ante altos cargos del Ministerio de Transportes, incluyendo una conversación con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF, en la que se menciona el riesgo de que Ruz “cante” si no se le otorga una nueva obra.
