Condenado el fiscal de Sánchez por filtrar datos contra Ayuso: las cloacas del Estado
Una sentencia demoledora establece que filtró datos confidenciales de la pareja de Ayuso en un acto ilegal y sin justificación
El Tribunal Supremo ha condenado al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos al filtrar, sin respaldo legal, datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia, de 238 páginas, pone fin a un proceso que evidencia el uso partidista de la Fiscalía bajo el mandato de Ortiz y su subordinación a intereses políticos concretos.
Contexto: la nota de prensa de la Fiscalía
Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado publicó una nota informativa revelando que González Amador había aceptado una conformidad por dos delitos fiscales. El contenido incluía un correo confidencial de su abogado. La nota fue redactada por la jefa de prensa, Mar Hedo, pero dictada directamente por el propio García Ortiz, según declaró ella misma ante la Sala.
Para el Alto Tribunal, no cabe explicación alternativa razonable: el acceso a los documentos, la urgencia en su obtención y la inmediata filtración a la prensa implican al fiscal general o, al menos, a su entorno inmediato con su conocimiento. Señalan como elemento clave la acusación directa de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien responsabilizó de la filtración a su superior jerárquico.
Un delito sin eximente: el deber de reserva
La sentencia incide en que García Ortiz, como cualquier funcionario del Ministerio Público, estaba sujeto a un reforzado deber de reserva, más aún tratándose de datos de un particular implicado en una causa tributaria. Aunque la información ya circulara en medios, el Supremo recuerda que esto no exime al fiscal general de su obligación legal de custodiar esa documentación sensible.
División en el tribunal
La resolución no ha sido unánime. Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer firmaron votos particulares a favor de la absolución. Alegan falta de pruebas directas de que fuera García Ortiz quien ejecutó la filtración, y consideran que no hubo delito en la publicación de la nota. No obstante, sus argumentos no convencieron a la mayoría de la Sala, que considera demostrada su responsabilidad.
Consecuencias políticas e institucionales
Esta condena reabre el debate sobre la politización de la Fiscalía General, una institución que debería actuar con autonomía frente al Gobierno. García Ortiz fue promovido a su cargo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la marcha de Dolores Delgado, también de filiación socialista. El caso da alas a quienes denuncian el deterioro institucional provocado por el sanchismo, al situar a personas de confianza en órganos que exigen independencia constitucional.
El hecho de que la persona afectada sea pareja de una líder de la oposición subraya la gravedad política del caso, y pone en evidencia la falta de garantías que deberían proteger a los ciudadanos frente al uso partidista de las instituciones del Estado.
Un nuevo hito en la decadencia institucional
La sentencia contra García Ortiz no solo es un mazazo judicial para la Fiscalía, sino un aviso a navegantes sobre los límites del poder público. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes ocupan la cúspide del sistema de garantías. Con esta resolución, el Supremo pone orden ante una deriva autoritaria que ha instrumentalizado el Estado para castigar a los adversarios políticos.
