"No comprometa más nuestra imagen": la carrera fiscal estalla contra García Ortiz
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha exigido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se abstenga de intervenir en el nombramiento del nuevo Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, una plaza recientemente creada y que tendrá competencia directa sobre los delitos por los que él mismo está siendo investigado.
En una carta institucional remitida al propio García Ortiz y a la que ha tenido acceso El Debate, la AF considera "inevitable" su abstención, subrayando el conflicto de intereses en juego: "Le pedimos que no comprometa más nuestra imagen, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad".
García Ortiz se encuentra imputado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, en relación con la difusión de datos confidenciales del entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Pese a ello, insiste en liderar el proceso para elegir a quien, en su cargo, podría intervenir directa o indirectamente en la instrucción del procedimiento que lo afecta.
"Utilidad, ventaja o beneficio personal"
En su misiva, la Asociación recuerda que el Real Decreto 1100/2024, que dio origen a esta plaza, fue aprobado pese al informe contrario del propio Consejo Fiscal, y que su activación podría tener consecuencias directas en el procedimiento penal en curso contra el fiscal general.
"La causa de abstención no exige la influencia real y efectiva en el asunto, sino la mera posibilidad de influencia", señala la AF, que advierte del riesgo de que García Ortiz obtenga un beneficio personal o institucional si controla la designación.
Además, apuntan a que la fiscal de Sala de lo Penal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, actual responsable de la causa, está obligada a seguir las directrices y criterios interpretativos del nuevo fiscal de Sala que se va a nombrar, lo que multiplica la gravedad del posible conflicto.
El Consejo Fiscal, dividido
El próximo Consejo Fiscal del martes 23 de abril será decisivo. En él, García Ortiz pretende imponer su propuesta para el nuevo responsable del área de Delitos contra la Administración Pública. La Asociación de Fiscales ha exigido que la plaza se retire del orden del día, advirtiendo que cualquier nombramiento con su participación carecerá de legitimidad y comprometerá la imparcialidad del Ministerio Público.
La AF advierte: “Ninguna participación en este proceso es neutra. Ni siquiera su mera presencia en el Consejo puede considerarse ajena a la causa penal que le afecta”.
Una fiscalía bajo sospecha
Este nuevo episodio se suma a una creciente crisis de confianza en la cúpula del Ministerio Público. García Ortiz ya ha sido severamente cuestionado por su doble mandato al frente de la Fiscalía, su papel en la protección política de miembros del Gobierno, y su intento de designar a fiscales afines en plazas clave.
“El deber de abstención se enmarca en el principio constitucional de que la Administración debe servir con objetividad los intereses generales. No es compatible con tener un interés personal en el asunto que se trata”, recalca la Asociación.
De confirmarse la participación del fiscal general en la selección, podría abrirse una nueva vía de impugnación y alimentar aún más las voces críticas que cuestionan la instrumentalización de la Fiscalía General del Estado para fines políticos o personales.
