La comparecencia de Antxon Alonso ante el Supremo: engranaje empresarial en la trama de poder del PSOE
La instrucción judicial del denominado caso Koldo, una de las derivadas más relevantes del actual ciclo de investigaciones sobre la corrupción en el entorno del Partido Socialista, ha sumado este lunes una nueva comparecencia clave: la del empresario navarro Joseba Antxon Alonso Egurrola, socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y figura instrumental tanto en el reparto de obras públicas como en la arquitectura política que sustentó la moción de censura de 2018.
La presencia de Alonso en el Tribunal Supremo se produce en calidad de investigado por su presunta participación en una red de comisiones y adjudicaciones irregulares, presuntamente articulada entre figuras del partido —como Cerdán y el exministro Ábalos— y empresarios afines. Según el juez instructor, Leopoldo Puente, los indicios apuntan a una posible contraprestación económica a cambio de obras públicas, lo que eleva el nivel de gravedad del caso desde un plano de mera irregularidad administrativa a una posible red de corrupción sistemática.
Elementos materiales y relaciones políticas
La imputación se fundamenta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluye conversaciones intervenidas a lo largo de varios años. En ellas, Alonso aparece como un operador logístico y político, capaz de combinar la gestión empresarial con la interlocución política. No solo obtuvo contratos públicos —como el de la construcción de un colegio en Arbizu por valor de 3,1 millones de euros—, sino que, según fuentes judiciales, actuó como nexo entre el PSOE, Bildu y el PNV durante las negociaciones de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa en 2018.
Servinabar y la huella financiera
La empresa propiedad de Alonso, Servinabar 2000, figura en el núcleo de las operaciones investigadas. La UCO ha documentado vínculos económicos entre esta y la red política liderada por Cerdán. El hallazgo de más de 16.000 euros en efectivo en el domicilio del empresario, almacenados en bolsas de plástico, es interpretado por los investigadores como un indicio compatible con los pagos en B, que habrían sido la moneda de intercambio habitual entre contratistas y la estructura política implicada.
Una pieza intermedia en una red mayor
Aunque Alonso no forma parte del Gobierno ni ostenta cargo público, su perfil pone en evidencia el papel de figuras periféricas del poder —consultores, intermediarios, asesores y empresarios— que, sin ostentar visibilidad política, articulan procesos clave en las decisiones institucionales. El hecho de que su nombre esté vinculado a las negociaciones parlamentarias con fuerzas nacionalistas, y a la vez a adjudicaciones con posibles retornos irregulares, constituye una doble dimensión de influencia.
