La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) ha dado un paso trascendental en la lucha contra la corrupción al aprobar, en sesión del miércoles, una enmienda con el objetivo de fortalecer las normativas de la Unión Europea (UE) en este ámbito. La enmienda, que ha obtenido un respaldo significativo con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, propone la prohibición para los Estados miembros de otorgar indultos o amnistías por delitos de malversación.

El texto de la enmienda, resultado de un compromiso entre el Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, integrando a Vox), plantea claramente que los Estados miembros deben adoptar medidas efectivas para impedir cualquier forma de indulto o amnistía en beneficio de aquellos que hayan sido considerados responsables de delitos recogidos en los artículos 7 a 14 de la directiva. Estos delitos incluyen cohecho en el sector público, soborno en el sector privado, malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de funciones, obstrucción a la justicia, enriquecimiento por delitos de corrupción e inducción, complicidad y tentativa.

Este movimiento legislativo ha suscitado un significativo debate político, evidenciando posturas divergentes entre los partidos. El eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, ha destacado que la enmienda pone en tela de juicio la política del Gobierno de Pedro Sánchez, sosteniendo que la Eurocámara no concibe la posibilidad de indultar o amnistiar delitos de corrupción. Por su parte, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha catalogado este hecho como "otra derrota de Sánchez".

La relevancia de esta enmienda radica en la amplia gama de delitos que abarca y la firmeza con la que se propone prohibir indultos y amnistías. Esto marca un precedente en la legislación europea, subrayando el compromiso de la UE en la erradicación de prácticas corruptas.

El proceso legislativo no concluye con esta aprobación en la Comisión LIBE, ya que la enmienda será sometida a votación en la sesión plenaria entre los días 26 y 29 de febrero. En esta fase, se definirá el mandato negociador que guiará las conversaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo (gobiernos) con respecto a la reforma para endurecer las normas contra los delitos de corrupción en la UE.

Es importante señalar que, hasta la fecha, los Veintisiete Estados miembros no han alcanzado un consenso sobre su posición frente a esta reforma, lo que sugiere que las negociaciones entre ambas instituciones podrían retrasarse hasta la próxima legislatura, posterior a las elecciones europeas programadas para junio de este año.

En resumen, la aprobación de esta enmienda marca un hito en la lucha contra la corrupción en la UE, generando tensiones políticas y estableciendo un nuevo marco legal que busca ser un referente en la persecución y castigo de prácticas corruptas en el ámbito europeo. La votación en la sesión plenaria y las subsiguientes negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo serán cruciales para definir el alcance y la aplicación efectiva de estas nuevas medidas.