La respuesta del Poder Judicial ha sido unánime frente al señalamiento público de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Ribera sostuvo este viernes, en una entrevista en TVE, en referencia al instructor de la causa Tsunami Democràtic, que ratificó ayer los indicios contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, que "hay algunas personas (...) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial". La vicepresidenta del Ejecutivo añadió que el magistrado García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha mostrado su "rotundo rechazo" ante las palabras de Ribera ya que entiende que las manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno son "contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes".

En el comunicado, aprobado por unanimidad entre vocales tanto conservadores como progresistas, el Consejo subraya que el ataque de la dirigente socialista al juez García Castellón "merma la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional". Los vocales apelan a "la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces que integran el Poder Judicial".

La Asociación Profesional de la Magistratura ha emitido un comunicado donde afirma que "no resulta de recibo en un Estado de Derecho" que un miembro del Ejecutivo, - en este caso la vicepresidenta tercera del Gobierno-, "acuse veladamente a un juez de prevaricar".

El colectivo mayoritario en la Carrera Judicial afirma que les "causa una enorme tristeza, -aunque ya nada nos sorprende-, que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de judicialización de la política".

"En una democracia plena las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales. Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país", añaden.

El magistrado Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), considera que "señalar a jueces solo genera desconfianza en la ciudadanía" y añade que "los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política".

Este juez añade, además, que "los pronunciamientos judiciales, en un caso como este obedecen a una petición de las partes: se da respuesta a un recurso. Si el juez no diera respuesta estaría cometiendo un delito. Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la Justicia. España es un Estado de Derecho. Exigimos respeto al Poder Ejecutivo, porque con comentarios como este solo se está perjudicando al país".

Por otro lado, el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, en declaraciones a EL MUNDO, afirma que, de "existir una querencia, yo hablaría de la querencia de nuestros políticos a protestar públicamente cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas. Los tiempos de los procesos judiciales no dependen enteramente de los jueces. Este proceso lleva mucho tiempo investigándose y lo que no puede hacer el magistrado es acomodar su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento, parando la instrucción para no molestar así a ningún partido. De hecho, si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, éste no se habría tenido que pronunciar justo en este momento. Lo que no pretenderá nadie es que el juez no resuelva un recurso de la Fiscalía a la espera de que termine la tramitación de la ley de amnistía".

Portillo subraya que "sobran señalamientos, y menos por decisiones que no son en absoluto definitivas" y advierte de que manifestaciones como las de la vicepresidenta Ribera "no ayudan a la rebaja de presión sobre los jueces que pedimos desde el Poder Judicial".