Los 16 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresaron su inquietud ante los recientes ataques proferidos por diputados hacia jueces y magistrados durante intervenciones parlamentarias. La declaración, fruto de la preocupación por las potenciales implicaciones en la confianza ciudadana en el sistema judicial, busca subrayar la necesidad de resguardar la independencia del Poder Judicial en el ámbito político.

La propuesta inicial, formulada por nueve vocales conservadores, incluía un llamado directo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, instándola a evitar «críticas desmedidas» por parte de los parlamentarios y solicitando al Gobierno mantener «contención» para evitar socavar la confianza ciudadana en el Poder Judicial. No obstante, la versión final eliminó estas referencias específicas para señalar que «debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial».

El Pleno del CGPJ enfatizó que los ataques a los jueces, aunque amparados por la inviolabilidad parlamentaria, no deben minimizarse. Además, se rechazaron de manera firme ciertas manifestaciones y comportamientos provenientes del Poder Legislativo, con una reiteración del compromiso inquebrantable con la independencia del Poder Judicial. 

Dejan claro que «el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los poderes del Estado», subrayan los vocales, recordando las indicaciones del Consejo Consultivo de Jueces Europeos.

Reacción a las acusaciones en el Congreso

La declaración se produce en respuesta a los comentarios vertidos por diversos diputados durante la sesión plenaria del pasado 30 de enero en la Cámara Baja. En dicha ocasión, legisladores de Junts, Podemos y Sumar dirigieron sus críticas hacia jueces y magistrados, desatando un debate que ha captado la atención no solo de la comunidad jurídica sino también del público en general.

Este pronunciamiento constituye el primer acto del Pleno del CGPJ en respuesta a los ataques de políticos hacia jueces y magistrados. Aunque el presidente interino, Vicente Guilarte, ya se había manifestado en múltiples ocasiones, esta declaración unánime representa un posicionamiento colectivo frente a la creciente polémica generada por los comentarios de algunos diputados.

Las graves acusación de los diputados contra el Poder Judicial

El Pleno del CGPJ, en su declaración, destacó la gravedad de los ataques proferidos por diputados, haciendo hincapié en que la inviolabilidad parlamentaria no resta importancia a estas acciones. Además, rechazó de manera firme ciertas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo, subrayando su compromiso continuo con la independencia del Poder Judicial, que consideran residenciada en cada uno de los jueces y juezas españoles.

«Reiteramos que la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado», sostiene el conjunto de los vocales. 

En este contexto, los vocales recalcaron que la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea. También hicieron hincapié en la importancia del respeto institucional en las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, citando al Consejo Consultivo de Jueces Europeos. 

En el congreso. Durante la sesión parlamentaria del 30 de enero, legisladores de Junts, Podemos y Sumar dirigieron críticas hacia jueces y magistrados, destacando nombres como el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, mencionó «jueces prevaricadores», mientras que la diputada de Podemos Martina Velarde advirtió sobre una «ofensiva judicial salvaje». Desde Sumar, Gerardo Pisarello, también lanzó varias acusaciones. 

Estas intervenciones generaron una solicitud de la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán para que la presidenta del Congreso llamara al orden a Nogueras y Velarde, solicitud que no fue atendida. El Pleno del CGPJ, en su declaración, razona que, a pesar de la inviolabilidad parlamentaria, los ataques de diputados no deben ser menospreciados, especialmente en el contexto actual de acusaciones de ‘lawfare’ contra miembros del Poder Judicial.

Respuesta contundente

Este pronunciamiento del Pleno del CGPJ representa el primer acto oficial del órgano judicial en respuesta a los ataques de políticos hacia jueces y magistrados. Si bien el presidente interino, Vicente Guilarte, ya se había manifestado en diversas ocasiones, esta declaración unánime refleja un posicionamiento colectivo frente a la creciente polémica generada por los comentarios de algunos diputados durante la sesión parlamentaria del 30 de enero.

Guilarte, en declaraciones previas el pasado miércoles, había condenado las «inaceptables descalificaciones» realizadas en el Congreso hacia jueces y magistrados. En esa ocasión, hizo un llamamiento institucional a que «dejen en paz» a los miembros del Poder Judicial.

Hasta el momento, el Pleno del CGPJ solo se había pronunciado sobre las acusaciones de ‘lawfare’ contra jueces y magistrados. Primero, la Comisión Permanente advirtió de su vigilancia ante posibles comisiones de investigación parlamentaria sobre estos casos. Posteriormente, el máximo órgano rechazó estas acusaciones y recordó a los togados que no están obligados a comparecer en dichas comisiones. La Comisión Permanente emitió una declaración unánime el pasado 19 de enero, expresando su «rotundo rechazo» a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a García Castellón. 

Consideraron que estas críticas eran «contrarias» al «deber de respeto a la independencia judicial» y solicitaron «responsabilidad institucional» para «evitar la utilización política de la Justicia». En la misma jornada en que se emitió la declaración unánime, los vocales del CGPJ también abordaron la composición de la Comisión Permanente, el brazo ejecutivo del órgano judicial. La propuesta del presidente interino, Vicente Guilarte, de sustituir a la vocal Pilar Sepúlveda por Enrique Lucas, ambos enmarcados en el sector progresista del Consejo, generó debate.

Fuentes del CGPJ indican que la propuesta no ha sido aprobada, a pesar de contar con más votos a favor que en contra. 

Sin lograr la mayoría absoluta necesaria, la composición de la Comisión Permanente permanece sin cambios. Recordemos que Guilarte realizó ajustes en dicha comisión tras asumir la presidencia suplente, incorporando nuevos nombres y retirando otros.

Histórica respuesta institucional

La declaración unánime del CGPJ marca un hito en la respuesta institucional a los ataques parlamentarios dirigidos hacia jueces y magistrados. La delicada relación entre el poder legislativo y judicial ha sido objeto de una cuidadosa deliberación por parte de los vocales, quienes, a pesar de las diferencias iniciales, han logrado consensuar un mensaje que destaca la importancia de la independencia judicial en el sistema democrático.

El pronunciamiento del Pleno refleja una preocupación compartida por la comunidad judicial ante las críticas y descalificaciones vertidas por algunos representantes políticos. Al mismo tiempo, la eliminación de referencias específicas en la versión final sugiere una voluntad de mantener un enfoque más general y cauteloso, buscando equilibrar la protección de la independencia judicial .