En una histórica decisión, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resuelto de manera unánime denegar la autorización de comisiones de servicios a jueces y magistrados para comparecer ante comisiones de investigación parlamentaria aprobadas por el Gobierno. Este pronunciamiento se produce en el marco del lawfare resultante de los pactos entre el PSOE y Junts, destinados a requerir explicaciones a miembros de la Judicatura por hechos relacionados con su actividad jurisdiccional.

La resolución del CGPJ también insta al Congreso y al Senado a "abstenerse" de citar a los miembros del Poder Judicial en esos términos. Esta decisión surge como conclusión de declaraciones y comunicados previos del órgano, emitidos a través de la Comisión Permanente, del presidente interino Vicente Guilarte, de sus Vocales, así como de instituciones judiciales y públicas. Estos comunicados alertaban sobre los riesgos para la independencia judicial que podrían derivarse de las comisiones de investigación parlamentaria recientemente constituidas en el Congreso de los Diputados.

En el acuerdo institucional, el CGPJ expresa su respeto absoluto a la autonomía parlamentaria, permitiendo la creación de comisiones de investigación. No obstante, enfatiza la necesidad de garantizar la independencia judicial en todo momento. En este sentido, señala que las comisiones parlamentarias carecen de atribuciones para citar a declarar e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos relacionados con su labor jurisdiccional.

El CGPJ recuerda que los jueces y magistrados están sometidos a la Constitución y las leyes, con responsabilidad disciplinaria y penal en caso de infracciones o delitos. Ante el supuesto de que sean llamados a declarar en comisiones de investigación, el pronunciamiento establece que no tendrán la obligación de atender el requerimiento, no deben comparecer y el CGPJ no autorizará comisiones de servicios con ese propósito.

El comunicado concluye con un recordatorio al Congreso y al Senado sobre la necesidad de respetar los ámbitos respectivos de cada poder y hace un llamamiento a la pronta renovación del propio CGPJ para poner fin a la actual anomalía constitucional.