El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra en la fase de debatir la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, específicamente en lo relacionado con el borrado penal del procés. El Senado solicitó un informe al máximo órgano de los jueces después de conocer el contenido de la norma. Sin embargo, el bloque del CGPJ cercano al Gobierno está tratando de evitar abordar las "cuestiones más conflictivas" de la Proposición normativa durante este proceso.

Se espera que la discusión sobre este tema tenga lugar en el próximo Pleno del CGPJ, programado para este mismo mes. Este debate se centrará en dos informes diferentes elaborados por los dos ponentes designados para la tarea.

Por un lado, el representante del bloque conservador, Wenceslao Olea, está avanzando en la redacción de un borrador que reflejará la opinión mayoritaria que considera inconstitucional la Ley de Amnistía. Mientras tanto, la vocal del sector izquierdista, Mar Cabrejas, está trabajando en su propio informe, en el que no ha tenido en cuenta ninguna de las enmiendas agregadas al texto original de la ley.

La duplicidad de informes generada en el seno del CGPJ respecto a la ley de amnistía deberá resolverse en los próximos días. Aunque es posible que el dictamen resultante se presente fuera del plazo inicialmente establecido, la intención es tenerlo listo antes de que la ley llegue al Senado para su votación. Esta demora se debe en parte al fracaso del PSOE en su primer intento de aprobar la amnistía en el Congreso, lo que ha retrasado su tramitación hasta ahora.

Esta discrepancia en los informes elaborados por los dos vocales encargados de analizar la ley de amnistía ha generado cierta incomodidad en el CGPJ, ya que se aleja de la idea inicial de elaborar un único informe con aportaciones de ambos. Sin embargo, el Pleno deberá refrendar los aspectos comunes y decidir entre los diferentes enfoques en los detalles en los que no haya unanimidad. Además, se peleará por la inclusión de todas las enmiendas rectificadas en la Ley de Amnistía en el informe final, ya que no hacerlo sería emitir un dictamen sobre una norma que ya no existe.

Aunque el CGPJ no estaba obligado a pronunciarse sobre esta ley, la Mesa del Senado decidió consultarle para proporcionar a los senadores un respaldo técnico con el que formar una opinión jurídica sobre la constitucionalidad del texto.