El juez apunta a una red socialista para controlar adjudicaciones públicas desde Transportes
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha señalado el presunto interés del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, en promocionar a Isabel Pardo de Vera a la Secretaría de Estado de Transportes con el objetivo de influir en contratos de obra pública adjudicados a determinadas constructoras. Así se desprende de un auto judicial citado por The Objective, donde también se destaca la implicación del exasesor ministerial Koldo García, figura central del denominado caso Ábalos.
Según la documentación recopilada por la Guardia Civil y descrita en el auto, Pardo de Vera habría favorecido de forma sistemática a empresas como Acciona, OPR o Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). El juez sostiene que Koldo y Cerdán mantenían un “interés” continuado en el ascenso de la entonces presidenta de ADIF, que solo se materializó tras la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes en 2021.
Manipulación de adjudicaciones
Entre las adjudicaciones bajo sospecha figura la integración ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat, por 71,5 millones de euros, finalmente concedida a Acciona. Las comunicaciones intervenidas revelan cómo Koldo informaba a Pardo de Vera de los resultados de licitaciones antes de su publicación oficial y cómo marcaba en los documentos las empresas de su interés.
El juez también identifica indicios de presión de Koldo García para beneficiar a LIC en otras adjudicaciones, como la estación de AVE de Elche o una obra de emergencia por valor de 592.000 euros. En una conversación, Pardo de Vera reconocía que adjudicar dos contratos a la misma empresa “iba a cantar”, aunque finalmente la licitación se resolvió a favor de LIC.
Trama extendida y colocación de altos cargos
Además del ascenso de Pardo de Vera, el juez detecta un plan paralelo para situar a Javier Herrero como director general de Carreteras, cargo desde el que también se habrían favorecido adjudicaciones irregulares. Entre ellas, la autovía A-68 a su paso por Logroño —donde Herrero escribió a Koldo un mensaje con la palabra “¡Bingo!” al conocerse el resultado de la apertura de ofertas— o el polémico puente del Centenario en Sevilla, adjudicado a Acciona por 71,4 millones.
El auto, citado de nuevo por The Objective, subraya la “notoria discrecionalidad” en la adjudicación de contratos y el papel determinante de los investigados en la orientación de decisiones administrativas que, según el juez, habrían beneficiado a empresas concretas. También reproduce conversaciones que evidenciarían una intervención directa de Cerdán en el intento de sostener a Herrero en el cargo pese a los intentos de destitución interna.
