Cerdán y Chivite, bajo sospecha: el PP busca aclarar si participaron juntos en citas con 22 Ministerios
El Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para esclarecer el papel de Santos Cerdán en reuniones entre el Gobierno central y el Ejecutivo navarro
El Partido Popular ha dado un paso más en su ofensiva parlamentaria contra el Gobierno de Pedro Sánchez al registrar una extensa batería de preguntas en el Congreso de los Diputados. El objetivo es esclarecer si el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, participó en reuniones con cada uno de los 22 Ministerios del Ejecutivo central, en coordinación con el Gobierno de Navarra, sin ocupar cargo oficial alguno.
Las preguntas —a las que ha tenido acceso Vozpópuli— están firmadas por los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, representantes navarros, junto al parlamentario Pedro Muñoz Abrines. A ellos se suman otros diputados del Grupo Popular en función de su pertenencia a las comisiones competentes.
El formato del interrogatorio
La iniciativa busca respuestas concretas a tres cuestiones clave para cada ministerio:
-
¿Cuántas reuniones se han celebrado entre cada Ministerio y el Gobierno de Navarra entre el 19 de abril de 2019 y mayo de 2025?
-
¿Ha participado en alguna de ellas Santos Cerdán?
-
En caso afirmativo, ¿cuál fue el objeto de la reunión y en calidad de qué acudió?
Estas preguntas se producen tras constatar, mediante notas ministeriales y fotografías, la presencia no explicada de Cerdán en al menos nueve reuniones bilaterales entre ambos gobiernos. Según el PP, estas presencias son especialmente llamativas dado que Cerdán no ostentaba cargo institucional alguno relacionado con Navarra en ese periodo.
Proyectos polémicos y adjudicaciones bajo sospecha
Los populares centran sus dudas en dos proyectos concretos: el desdoblamiento del túnel de Belate y la controvertida mina Muga, en Sangüesa (Navarra). Ambos proyectos cuentan con participación de empresas relacionadas con la supuesta trama de corrupción Koldo-Cerdán, en la que Cerdán aparece como copropietario opaco del 45% de la empresa Servinabar, adjudicataria de contratos públicos en Navarra.
Según el informe de la UCO, esta sociedad, de escasa actividad real, habría obtenido al menos cinco adjudicaciones del Ejecutivo navarro presidido por María Chivite. La unidad de élite de la Guardia Civil sostiene que Cerdán habría canalizado su influencia política en favor de Servinabar, en cooperación con Koldo García —exasesor de Ábalos— y el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, identificado como socio único de Servinabar en el Registro Mercantil.
Las reuniones de Chivite con el entorno empresarial de la trama
La presidenta de Navarra no ha negado estos encuentros. En mayo de 2024, en respuesta a una pregunta escrita del diputado de UPN, José Javier Esparza, Chivite admitió haberse reunido en solitario con Alonso Egurrola en cuatro ocasiones, concretamente los días 24 de julio y 20 de octubre de 2020, y el 21 de abril y 17 de septiembre de 2021.
En todas ellas —según su versión— se abordaron “las obras de reforma del Archivo del Palacio de Navarra” y el “proyecto constructivo de la mina Muga”. Además, Alonso Egurrola también se reunió con el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi (Geroa Bai), en su calidad de “representante de Acciona”, en dos ocasiones durante 2024.
Cerdán, eje de la presunta trama navarra
El informe de la UCO sostiene que Cerdán habría ejercido un papel clave en el diseño y operación de una red de intermediación corrupta para canalizar adjudicaciones públicas a través de contactos políticos, cuando ya ocupaba un cargo destacado dentro del PSOE. La mina Muga sería, según los investigadores, el germen de una trama más amplia, en la que se mezclan intereses políticos, empresariales y personales.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez guarda silencio sobre la implicación concreta de Cerdán en las reuniones institucionales, el PP exige explicaciones inmediatas y públicas. Reclaman que el Ejecutivo aclare si estas reuniones fueron autorizadas oficialmente, bajo qué criterios y si se derivaron beneficios económicos o contractuales para las empresas vinculadas a Cerdán.
“El país merece saber con qué legitimidad acudía Cerdán a esas reuniones”, han expresado desde el Grupo Popular, que ya prepara nuevas comparecencias y exigencias de transparencia en sede parlamentaria. A esto se suma su petición de dimisión inmediata y convocatoria de elecciones generales ante la creciente sospecha de corrupción estructural en el seno del PSOE.