Camas, lencería y micrófonos: así operaba el club de prostitución de los suegros de Sánchez
Los cuñados de Sánchez reclamaron dinero al Ayuntamiento pese a que la Policía halló pruebas claras de actividad sexual
La familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, solicitó una indemnización al Ayuntamiento de Madrid tras la anulación judicial de la licencia de un establecimiento de “sauna con bar” en el número 180 del Paseo de la Castellana, vinculado a su entorno familiar. Según consta en documentación oficial, la Justicia detectó irregularidades graves en la autorización concedida en 1997, que permitieron operar un prostíbulo de lujo bajo cobertura legal, según informa OkDiario.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2003 la licencia por "falta de concreción" y discrepancias entre los planos y la descripción del proyecto. La familia Gómez Serrano —en concreto, los hermanos Sabiniano y Conrado Gómez, cuñados de Sánchez— solicitó compensación por daños y perjuicios, aduciendo que la resolución judicial suponía un perjuicio económico "de difícil reparación".
Inspección policial y hallazgos comprometidos
Un informe policial de octubre de 2003 confirmó que en el local existían habitaciones privadas, un sótano con varias camas, ropa interior femenina, micrófonos y equipos de música, todo ello indicativo de un club de alterne más que de una sauna.
Los vecinos también presentaron alegaciones contra la licencia, denunciando obras realizadas sin autorización, actividad no declarada y deficiencias estructurales. Entre ellas, se mencionan cabinas de masaje con bañera sin ventilación, escaleras inseguras y la supresión de baños públicos obligatorios.
Licencia anulada por encubrimiento de actividad sexual
La sentencia concluyó que los titulares de la licencia utilizaron una "estratagema" para burlar la normativa municipal. La actividad declarada era sauna, pero los planos reflejaban cabinas de masaje, y no se detallaban elementos industriales o sanitarios típicos de una sauna real.
El entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó un decreto para iniciar el procedimiento de retirada de la licencia, lo que dio lugar al litigio. Pese a la sentencia, el establecimiento continuó operando tras un traspaso de titularidad y la obtención de nuevas licencias.
El local sigue abierto como club de alterne
Actualmente, el local está gestionado por la empresa Jomensa Fun SLU y mantiene su actividad en la misma dirección con una fachada oscura y ventanales tintados. Según ha comprobado OKDIARIO, el prostíbulo sigue funcionando 24 horas como club de alterne, con trabajadoras extranjeras —principalmente de Latinoamérica y Europa del Este.
