El borrado de móviles del entorno de Sánchez: una estrategia común en las investigaciones judiciales
Los casos judiciales que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez han sacado a la luz un patrón preocupante: el borrado masivo de correos, mensajes y formateo de dispositivos móviles una vez iniciadas las investigaciones.
Tanto en la causa contra su hermano, David Sánchez (alias David Azagra), por presunta corrupción en la Diputación de Badajoz, como en la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de la filtración del novio de Ayuso, los agentes han detectado un mismo modus operandi: la eliminación de pruebas electrónicas clave.
De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado sus esfuerzos en recuperar esas comunicaciones. En el caso del fiscal general, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha solicitado información a WhatsApp y Gmail para rastrear los mensajes eliminados. En el caso del hermano del presidente, la magistrada Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz, investiga eliminaciones masivas de correos en la Diputación de Badajoz justo antes de que la Guardia Civil practicara un registro en sus instalaciones.
El caso del ‘hermanísimo’: correos borrados antes del registro
Los agentes de la UCO detectaron que varios altos cargos de la Diputación borraron emails justo antes de la entrada de la Guardia Civil en el marco de la investigación por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Entre ellos, destacan Elisa Moriano Morales y Cristina Núñez Fernández, dos funcionarias que eliminaron mensajes clave.
"Constan como eliminados en el momento actual", recoge el acta policial a la que ha tenido acceso El Debate.
Además, los investigadores intervinieron un disco duro con documentación clave sobre la oficina Ópera Joven, que dirigía David Sánchez. La sorpresa fue aún mayor cuando el hermano del presidente apareció en las instalaciones el día del registro, después de meses sin acudir a su puesto de trabajo.
Cabe recordar que el proceso de selección de Sánchez en la Diputación ya estaba bajo sospecha. Como reveló El Debate, buscó alojamiento en Badajoz antes incluso de realizar su entrevista para el cargo, lo que refuerza la hipótesis de que su contratación estaba decidida de antemano.
La estrategia del fiscal general: cambio de móviles y eliminación de pruebas
La Fiscalía General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz, también ha sido señalada por el borrado de mensajes clave. En el marco de la investigación sobre la filtración del caso del novio de Ayuso, el fiscal general admitió haber formateado su móvil. Sin embargo, no fue el único.
Según ha revelado El Debate, al menos cinco miembros de su equipo hicieron lo mismo en el momento crítico de la investigación. Entre ellos:
- Mar Hedo, directora de Comunicación de la Fiscalía.
- Diego Villafañe, teniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.
- María Antonia Sanz Gaite, jefa de la Inspección Fiscal.
En el caso de Sanz Gaite, su cambio de teléfono se produjo un día después del registro de la UCO en la oficina de García Ortiz. Su nombre ha cobrado especial relevancia porque no inició ninguna investigación interna sobre la filtración de datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso, lo que la convierte en una pieza clave en la trama.
La implicación de Moncloa y el PSOE
El escándalo de la filtración del novio de Ayuso también ha salpicado al núcleo del PSOE y a Moncloa. La acusación ha solicitado que cinco altos cargos socialistas conserven sus datos móviles durante al menos 90 días. Entre ellos:
- Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.
- Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación.
- Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa.
- Ion Antolín, ex jefe de prensa del PSOE.
- Laura Sánchez Espadas, jefa de prensa del Ministerio de Vivienda.
El caso de Sánchez Acera es especialmente revelador. La exasesora de Moncloa envió un pantallazo del email confidencial del abogado del novio de Ayuso al exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que lo utilizara políticamente en la Asamblea de Madrid.
"La imagen de la carta es potente", le escribió Sánchez Acera a Lobato, sugiriendo su uso contra Ayuso.
Mientras tanto, Francesc Vallés declaró en el Supremo que "se enteró por la prensa" de la filtración del documento, una versión que choca con las pruebas presentadas.
Un patrón de obstrucción a la justicia
La eliminación sistemática de pruebas electrónicas en estos dos casos refuerza la sospecha de que el entorno de Sánchez ha desarrollado un método recurrente para encubrir posibles delitos.
El borrado de correos y mensajes, así como el cambio de teléfonos, dificulta la labor de la justicia y apunta a un intento de obstrucción de la investigación.
Con la UCO centrada en recuperar las comunicaciones eliminadas, y con el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional revisando los informes, el círculo se estrecha sobre figuras clave del Gobierno y del PSOE. La gran pregunta es: ¿hasta dónde llegará esta estrategia de ocultación antes de que la justicia consiga las pruebas definitivas?
