Begoña Gómez propone más de 30 testigos para su juicio
La defensa de la esposa del presidente del Gobierno solicita la libre absolución y presenta una extensa lista de testigos para desmontar las acusaciones por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Según publica El Español, el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado un amplio escrito de defensa en el que solicita la libre absolución de la esposa de Pedro Sánchez y propone la declaración de más de 30 testigos en el futuro juicio del llamado caso Begoña.
El documento llega después de que el juez Juan Carlos Peinado propusiera que Gómez sea juzgada por un jurado popular por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
Según publica El Español, la defensa de la esposa del presidente sostiene que su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) comenzó años antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, intentando así desmontar la tesis de que utilizó la posición institucional de su marido para favorecer sus actividades profesionales.
Camacho ha recurrido además ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de Peinado de enviar la causa a un tribunal popular.
El rector de la Complutense, pieza clave en la defensa
Uno de los principales nombres incluidos en la lista de testigos es el del rector de la Complutense, Joaquín Goyache.
Según publica El Español, la defensa considera esencial su declaración porque fue él quien participó en la reunión celebrada en La Moncloa en julio de 2020 en la que se decidió la creación de la cátedra extraordinaria que dirigió Begoña Gómez.
El juez Peinado reprochó en su momento que la esposa de Sánchez utilizase la residencia oficial del presidente del Gobierno como “centro de negocios”, mientras que la defensa argumenta que aquella reunión se produjo en plena pandemia y con las instalaciones universitarias cerradas.
Goyache ya declaró como testigo durante la instrucción y posteriormente llegó a ser investigado antes de que el juez archivara la causa contra él.
La importancia del co-director de la cátedra
Otro de los testigos fundamentales para la estrategia de defensa será José Manuel Ruano de la Fuente.
Ruano ejerció como co-director de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva y compartió la dirección ejecutiva del proyecto con Begoña Gómez.
Según publica El Español, Antonio Camacho considera que su testimonio es “esencial” porque puede acreditar el funcionamiento interno de la cátedra y el papel real desempeñado por la esposa del presidente.
Además, la defensa critica que el juez hubiera rechazado anteriormente su comparecencia durante la fase de instrucción.
Los antiguos responsables de la Complutense
La lista de testigos también incluye a antiguos altos cargos de la UCM como Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.
Doadrio fue el vicerrector encargado de firmar los convenios con las empresas patrocinadoras de la cátedra.
Durante su declaración ante el juez aseguró que, tras la reunión en Moncloa, el rector le pidió crear una cátedra para que fuese dirigida por Begoña Gómez.
Por su parte, Coello de Portugal aparece vinculado a la gestión del software desarrollado para la cátedra.
Según publica El Español, la defensa intenta demostrar con su testimonio que la herramienta digital siempre fue concebida como propiedad de la universidad.
La polémica del software universitario
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el supuesto uso irregular del software desarrollado para la cátedra.
El juez Peinado investiga si Begoña Gómez pudo apropiarse indebidamente de una herramienta financiada por empresas privadas y vinculada a la Complutense.
Según publica El Español, la defensa sostiene que Gómez registró el software siguiendo indicaciones expresas de la universidad, ya que la UCM no gestionaba directamente dominios de Internet.
Por ello también ha sido propuesta como testigo María Jesús Morillo, integrante de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El escrito insiste además en que el programa informático nunca llegó a completarse plenamente y permanecía en fase de pruebas.
El papel de las empresas patrocinadoras
La defensa de Begoña Gómez también quiere apoyarse en directivos de empresas que financiaron la cátedra y el desarrollo tecnológico asociado.
Entre ellos destacan Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, y Marc Simón, subdirector general de la Fundación La Caixa.
Ambas entidades aportaron financiación al proyecto académico impulsado desde la Complutense.
Según publica El Español, Camacho pretende demostrar que la participación de estas empresas respondió a criterios profesionales y académicos, y no a presiones derivadas de la posición institucional de Pedro Sánchez.
Durante la instrucción, varios de estos directivos ya explicaron ante el juez que el proyecto encajaba en sus estrategias corporativas de sostenibilidad y digitalización.
Google, Indra y Telefónica en el foco judicial
La lista de testigos también incorpora a numerosos responsables empresariales de grandes compañías tecnológicas.
Entre ellos figuran Fuencisla Clemares, exCEO de Google España y Portugal; Miguel Escassi, directivo de Google; Ángel Bonet, vinculado a Minsait; Manuel Ausaverri, de Indra; y Rosauro Varo, empresario relacionado con Telefónica.
Según publica El Español, todos ellos participaron en reuniones o colaboraciones vinculadas al desarrollo del software universitario.
La defensa de Gómez busca acreditar que dichas relaciones empresariales se desarrollaron dentro de cauces habituales de cooperación académica y tecnológica.
Varios de estos directivos ya comparecieron ante el juez Peinado y negaron haber recibido presiones políticas o instrucciones para favorecer a la esposa del presidente.
La investigación sobre Barrabés y Red.es
Otro de los bloques clave del procedimiento judicial se refiere a las adjudicaciones obtenidas por empresas del grupo Barrabés.
La Fiscalía Europea investiga actualmente si pudo existir malversación de fondos comunitarios en contratos concedidos por Red.es.
Según publica El Español, la defensa de Begoña Gómez insiste en que las cartas firmadas por ella para respaldar proyectos del grupo Barrabés no suponían recomendaciones irregulares ni implicaban tráfico de influencias.
Por ello, Camacho solicita también la declaración de directivos como Luis Miguel Ciprés y Luis Antonio Martín Bernardos.
Ambos ya señalaron ante el juez que aquellas cartas eran documentos habituales de apoyo institucional y no constituían peticiones de trato de favor.
Los agentes de la UCO también declararán
Según publica El Español, la defensa solicita además la comparecencia de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Se trata de los responsables de algunos de los informes incorporados al sumario durante la investigación.
Uno de esos informes concluyó inicialmente que no existían indicios suficientes de tráfico de influencias en las actividades profesionales de Begoña Gómez.
La estrategia de Camacho pasa por utilizar esas conclusiones para cuestionar parte de las acusaciones impulsadas contra la esposa del presidente del Gobierno.
El juicio con jurado popular
El juez Peinado propuso que todos los delitos investigados sean enjuiciados por un jurado popular, una fórmula poco frecuente en España pero prevista en determinados delitos.
Según publica El Español, la defensa considera que la decisión del magistrado se apoya en “meras conjeturas” y ha recurrido ante la Audiencia Provincial.
Si finalmente el tribunal superior avala la decisión de Peinado, nueve ciudadanos sin formación jurídica decidirán sobre la inocencia o culpabilidad de Begoña Gómez.
El caso continúa así aumentando la presión política y judicial sobre el entorno de Pedro Sánchez mientras la instrucción entra en su fase decisiva.
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