Begoña Gómez planta a Peinado y no acudirá a la nueva citación
La esposa del presidente del Gobierno afronta su sexta citación judicial mientras crece la presión política por las posibles derivaciones hacia Pedro Sánchez
La investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entra en una fase decisiva. Este lunes, a las 17:30 horas, la esposa de Pedro Sánchez está citada nuevamente por el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, quien ha subrayado que los investigados deberán «comparecer necesariamente».
Se trata de la sexta citación en el marco de una causa que se extiende ya durante año y medio y que acumula acusaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. La novedad de esta convocatoria radica en que el magistrado ha advertido que, de confirmarse la acusación, el juicio deberá celebrarse ante un jurado popular, al estar los delitos imputados contemplados en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Una investigación que apunta a Moncloa
El juez Peinado sostiene que las actuaciones de Gómez «derivadas de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno» constituyen un elemento clave para valorar la posible existencia del delito de tráfico de influencias. Dicho de otro modo, la condición de cónyuge de Pedro Sánchez no sería circunstancial, sino central para comprender el acceso y la capacidad de intermediación que habría utilizado Gómez en favor de determinados empresarios, entre ellos Juan Carlos Barrabés, conocido por su estrecha vinculación con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía la propia investigada.
El magistrado considera además que las relaciones entre las empresas de Barrabés y la Administración pública aumentaron de manera «llamativa y significativa» en el mismo periodo en el que la esposa del presidente impulsaba dicha cátedra y sus programas de máster. Esa coincidencia temporal, según la Audiencia Provincial de Madrid, justifica la continuidad de la investigación pese a las reiteradas peticiones de archivo de la defensa.
Una defensa enrocada
La defensa de Begoña Gómez, encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho, ha sostenido desde el principio que la comparecencia de la esposa del presidente no es indispensable y que las citaciones sucesivas responden a un «uso político de la justicia». Sin embargo, el juez Peinado ha advertido expresamente que en esta ocasión los investigados «deben comparecer asistidos de letrado», dejando entrever que no tolerará una nueva incomparecencia.
A pesar de ello, fuentes próximas a la defensa han dejado entrever que Gómez podría volver a ausentarse, como hizo el pasado 27 de septiembre, cuando envió únicamente a su abogado en una cita análoga.
El foco sobre el Gobierno
El desarrollo del caso ha generado crecientes tensiones políticas en el entorno del Ejecutivo. Asociaciones como Hazte Oír o Iustitia Europa —personadas como acusaciones populares— planean solicitar la imputación del propio presidente del Gobierno, lo que obligaría al juez Peinado a elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo.
El magistrado ya dejó por escrito que «las acciones de Gómez sólo pueden entenderse en el contexto de su parentesco con el presidente del Gobierno», una formulación que ha despertado inquietud dentro del PSOE y malestar en Moncloa, que ve cómo la causa se aproxima al círculo más cercano del presidente.
Antecedentes y contradicciones
La investigación comenzó en abril de 2024, a raíz de la denuncia de Manos Limpias, que acusó a Gómez de valerse de su posición para favorecer a empresarios afines en licitaciones públicas. Posteriormente, Vox presentó una querella adicional sobre presuntas irregularidades en la inscripción de la marca y el software vinculados a la cátedra universitaria.
En sus declaraciones, la esposa del presidente ha negado toda irregularidad. Asegura que las cartas de recomendación firmadas en favor de Barrabés no eran avales personales, sino documentos genéricos de apoyo a la iniciativa académica. También rechaza haber cometido delito alguno por la inscripción de la marca «Transformación Social Competitiva», alegando que actuó siguiendo las indicaciones de la propia universidad.
Sin embargo, el juez considera que la concatenación de hechos, los contratos adjudicados a las empresas del entorno de Barrabés y el incremento de su facturación en coincidencia con el ascenso político de Sánchez componen un patrón de conducta que no puede despacharse como mera casualidad.
