Begoña Gómez, David Sánchez y asesores del presidente: el mapa judicial que arrincona a la cúpula de Moncloa

La sombra judicial sobre el entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no es una simple hipótesis política. Hoy, la red de familiares, asesores y altos cargos vinculados a Moncloa enfrenta un entramado de investigaciones por delitos tan graves como tráfico de influencias, malversación, prevaricación y corrupción en los negocios. A estas alturas, la justicia ha abierto distintas piezas que, aunque independientes, configuran una radiografía sistémica de 'enchufismo' e instrumentalización de lo público en beneficio personal o político.

Begoña Gómez: de invitada institucional a imputada judicial

La causa más mediática es, sin duda, la que afecta directamente a Begoña Gómez, esposa del presidente. Imputada formalmente desde abril de 2024, se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida por su posible implicación en el rescate de Air Europa, el uso de fondos públicos vinculados a cátedras universitarias y su relación con empresarios beneficiados por adjudicaciones gubernamentales.

El juez Juan Carlos Peinado ha tenido que interrogarla en tres ocasiones. La última, en diciembre, sólo respondió a preguntas de su defensa. Mientras tanto, su asesora Cristina Álvarez, también está imputada por prestar servicios privados con cargo a fondos públicos, y se investiga si fue contratada ad hoc para ello. En este contexto, se ha llamado a declarar incluso al ministro de Justicia, Félix Bolaños, como testigo, y se ha imputado al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su papel en el nombramiento de la asesora.

David Sánchez y el caso Badajoz: una "plaza a medida"

El hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, ha pasado en pocos meses de músico de perfil bajo a protagonista central de una investigación por prevaricación y tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz. La jueza Beatriz Biedma le considera responsable de una operación de "colocación" de su amigo y asesor, Luis Carrero, en un puesto creado específicamente para él.

Los correos electrónicos aportados por la Guardia Civil no dejan lugar a la ambigüedad. En uno de ellos, fechado 23 días antes de la publicación de la convocatoria pública, David ya da por hecho que Carrero ocupará el cargo. "En cuanto te incorpores, quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo", le escribe. Otro mensaje confirma que Carrero había "soltado la liebre" en Moncloa sobre la búsqueda de un nuevo destino.

La instrucción ha procesado ya a una decena de cargos por su implicación en la creación irregular de esta plaza, y la causa se encuentra en fase de preparación para juicio oral. La defensa de Sánchez sostiene que su actuación fue legítima, pero los indicios reunidos por la UCO han llevado a la jueza a considerar que la adjudicación estaba amañada desde el principio.

Moncloa, epicentro del "modelo de poder"

En paralelo, y con una gravedad creciente, se está perfilando en los tribunales lo que podría considerarse un modus operandi en el entorno de Presidencia: relaciones personales utilizadas como palanca para nombramientos, contratos y favores institucionales. Desde el rescate a Air Europa hasta las contrataciones en la Diputación pacense, los casos parecen unidos por un hilo común: la instrumentalización del aparato público para fines privados o partidistas.

Si bien Pedro Sánchez no está formalmente investigado en ninguna de las causas, su testimonio como testigo en el procedimiento que afecta a su esposa y la acumulación de escándalos en su círculo más próximo refuerzan la imagen de un "universo Moncloa" bajo asedio judicial.

El calendario judicial de las próximas semanas será clave. El 14 de mayo está citado Francisco Martín Aguirre. Aún está pendiente el dictamen definitivo sobre las cátedras y las adjudicaciones relacionadas con Gómez, mientras que en Badajoz, la Audiencia Provincial deberá decidir si eleva a juicio oral la causa contra David Sánchez y Carrero.

Todo ello dibuja una tormenta legal con epicentro en Moncloa, que —de no remitir— podría convertir el mandato de Pedro Sánchez no solo en un campo de batalla política, sino en un maratón de desgaste judicial.