«Sólo eran favores»: Begoña reconoce ante el juez el uso privado de su asesora pública
La esposa del presidente del Gobierno comparece ante el juez Juan Carlos Peinado sin responder a las preguntas del magistrado ni del fiscal
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha declarado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado durante apenas dos minutos, limitándose a responder únicamente a las preguntas formuladas por su abogado.
Gómez ha reconocido haber solicitado «favores puntuales» a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, cuya contratación pública se encuentra bajo investigación por un presunto delito de malversación. La declaración se ha producido en el marco de una causa que investiga cinco posibles delitos relacionados con la actividad pública y académica de la esposa de Pedro Sánchez.
Momentos antes, la propia Álvarez —también imputada— ha optado por acogerse a su derecho a no declarar. Según fuentes jurídicas consultadas, Gómez ha intentado justificar las funciones de su asistenta como propias de «gestión de agenda» y «acompañamiento institucional».
Una relación profesional de confianza
Álvarez fue contratada en julio de 2018, semanas después de la llegada de Sánchez a La Moncloa. Ambas habían trabajado juntas anteriormente en la empresa Inmark, y su nombramiento fue gestionado directamente por Gómez.
El salario de Álvarez, según Moncloa, asciende a 37.000 euros netos anuales. Su labor incluía acompañar a la esposa del presidente en actos y coordinar compromisos desde la Secretaría General de Presidencia.
Correos y vínculos con la cátedra
La investigación ha revelado una serie de correos electrónicos en los que la asesora habría actuado en favor de la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde su hermana ocupaba un cargo de coordinación.
Uno de los mensajes intervenidos por la UCO de la Guardia Civil muestra cómo Álvarez contactó con la empresa Reale Seguros, patrocinadora de la cátedra, para asegurar su continuidad como patrono del proyecto académico.
Recurso ante la Audiencia Provincial
Tanto Gómez como Álvarez han presentado recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación de su imputación. La defensa de la asesora cuestiona que el envío de correos electrónicos pueda considerarse delito de malversación, comparándolo con gestos cotidianos en la administración pública.
«Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa», argumenta su recurso.
Petición del juez a Moncloa
El magistrado instructor ha requerido a Presidencia del Gobierno aclaraciones sobre el uso de cuentas de correo institucional por parte de Begoña Gómez. El foco está puesto en determinar si empleó recursos públicos para gestiones privadas vinculadas a su actividad universitaria.
