Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, niega responsabilidades tras el apagón y rechaza dimitir
La presidenta de Redeia elude dimitir por el mayor colapso eléctrico en la historia reciente de España, mientras el Gobierno y las eléctricas cruzan acusaciones
Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, el grupo que integra a Red Eléctrica de España, ha descartado este miércoles su dimisión tras el apagón masivo que dejó a millones de ciudadanos sin suministro eléctrico durante horas este lunes, en el que ya es considerado el mayor colapso energético del siglo XXI en nuestro país.
En una entrevista concedida a la Cadena SER, Corredor se ha defendido de forma contundente: "En esta casa se ha trabajado bien. No voy a dimitir", afirmó. Estas declaraciones, formuladas tras tres días de silencio institucional, no han hecho más que intensificar el debate sobre la responsabilidad del operador del sistema eléctrico español en un momento de máxima tensión energética y fragilidad reputacional.
¿Quién es responsable del apagón? La red, el Gobierno o las eléctricas
El apagón en España, que tuvo lugar el pasado lunes a las 12:33, dejó una pérdida estimada de 15 gigavatios de generación, el equivalente al 60% de la demanda eléctrica en ese momento. A día de hoy, ni el Gobierno de España ni la propia Red Eléctrica han ofrecido una explicación técnica definitiva.
Corredor ha insistido en que no existen pruebas concluyentes que vinculen el fallo con una entrada masiva de renovables, tal y como sugieren documentos internos de la propia compañía desde 2020. Por el contrario, ha defendido que la energía renovable “funciona de forma estable”, pese a las crecientes voces que advierten de la inestabilidad del sistema ante la pérdida de inercia.
El factor renovables y el silencio institucional
El apagón ha revelado una incómoda verdad: España lleva cinco años ignorando los informes técnicos que alertaban de los riesgos derivados de una penetración descontrolada de energías renovables sin el refuerzo de interconexiones, almacenamiento ni respaldo firme.
A pesar de los reiterados avisos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los propios informes anuales de Redeia, las inversiones se han mantenido muy por debajo del umbral legal permitido —hasta 3.200 millones de euros menos en una década.
Sánchez y Corredor: del respaldo político a la distancia calculada
Corredor ha defendido que el presidente Pedro Sánchez “ha asumido la investigación al más alto nivel”. Sin embargo, el propio presidente se ha referido públicamente a Red Eléctrica como un "operador privado", lo que ha sido ratificado por Corredor al recordar que el 80% del capital de Redeia es privado, aunque el 100% de los ingresos están regulados por la CNMC.
Esta ambigüedad jurídica en la naturaleza del operador, mezclando funciones públicas con estructura de empresa cotizada, complica la asignación de responsabilidades y sitúa al Gobierno en una posición incómoda de supervisión.
Iberdrola responde: “Es Red Eléctrica quien debe aclararlo”
De forma casi simultánea a las declaraciones de Corredor, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lanzó un mensaje directo: “Es Red Eléctrica quien debe explicar qué ha fallado”. El líder del gigante energético indicó que su compañía estuvo “en todo momento a disposición del operador del sistema”.
Los centros de control de las eléctricas ya han remitido sus datos internos al Gobierno y a Redeia. Pero la falta de coordinación entre agentes, el vacío informativo y las conjeturas no verificadas han deteriorado aún más la credibilidad institucional.
¿Puede volver a pasar?
“Estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir”, respondió Corredor ante la pregunta más temida por el sector y por los consumidores. Pero lo cierto es que la falta de una estrategia nacional de seguridad energética actualizada desde 2015, en un contexto de transición energética acelerada, convierte este tipo de eventos en riesgos recurrentes si no se acometen reformas estructurales.
Tras el apagón, el precio de la electricidad se ha disparado un 450% en el mercado mayorista, pasando de 5,79 €/MWh a 31,87 €/MWh. Un reflejo inmediato del coste de la improvisación energética, cuyas consecuencias reales para la industria, las telecomunicaciones y los servicios básicos aún están por cuantificar. Mientras la ciudadanía exige respuestas, el Gobierno mide sus pasos y la presidenta del operador del sistema eléctrico defiende su gestión sin autocrítica.
