En una extensa entrevista realizada el pasado lunes en el programa matutino "Espejo Público" de Antena 3, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó inquietudes acerca de lo que percibe como un intento de control por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los órganos judiciales. Esta afirmación de Ayuso surge en medio de un contexto político marcado por tensiones y acusaciones cruzadas entre el Partido Popular y el Gobierno central.

La líder del Partido Popular, en declaraciones enfáticas, sugirió que la presunta persecución a la que se ha visto sometida su familia, en particular a su hermano, está vinculada a un deseo de evitar que casos como el suyo salgan a la luz. En este sentido, Ayuso calificó de "mezquino", "repugnante" y "miserable" el supuesto ensañamiento hacia su hermano por presuntas comisiones en la compra de mascarillas.

La presidenta regional manifestó su percepción de que Pedro Sánchez se encuentra "obsesionado" con ella, utilizando la supuesta persecución como medio para lograr sus fines políticos. Ayuso argumentó que el interés en controlar la justicia tiene la intención de evitar que casos, como el de su familia, puedan ser ventilados públicamente, sugiriendo una posible manipulación del sistema judicial con fines políticos.

En relación con el caso del exministro José Luis Ábalos y la presión para que abandone su escaño en el Congreso de los Diputados, Ayuso lanzó una declaración enigmática: "Si le tratan con respeto, cantará más o menos". Estas palabras dejan entrever la posibilidad de que la colaboración de Ábalos podría depender de cómo sea tratado en el contexto político y judicial.

La presidenta del PP también abordó una presunta trama de corrupción que, según ella, involucra a ministros y organismos oficiales como Adif, Correos y Puertos. Ayuso indicó que estas acusaciones se han extendido incluso a nivel internacional, mencionando noticias sobre movimientos de dinero en Brasil y Luxemburgo. La crítica principal se centró en la aparente falta de celo en el manejo de los fondos públicos en estos procesos.

Con respecto al caso de su hermano, Ayuso reiteró que la Fiscalía lo archivó al no encontrar evidencia suficiente para llevarlo a juicio. La líder del PP acusó a la anterior dirección de su propio partido de intentar destruirla a través de este caso, insinuando que las motivaciones detrás de estas acciones no estaban relacionadas con la corrupción, sino con otro tipo de agendas políticas.

Ayuso destacó la rapidez con la que ciertos individuos son liberados después de ser acusados, generando sospechas sobre la posibilidad de destrucción de pruebas. Además, instó a todas las fiscalías de España a investigar las múltiples ramificaciones de los casos de corrupción que, según ella, están saliendo a la luz.

En medio de estas acusaciones cruzadas, la presidenta de la Comunidad de Madrid reiteró la necesidad de preservar la independencia del poder judicial y criticó la posible manipulación del sistema legal con fines políticos. Estas afirmaciones generan un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Gobierno central y la comunidad autónoma, marcando un contexto político donde la lucha por el control y la interpretación de los hechos se intensifica.