Avanza la investigación sobre Begoña Gómez con nuevas citaciones de testigos
El juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha llamado a declarar como testigo al jefe de los servicios jurídicos de la Universidad Complutense de Madrid, Gabriel Ramón Navarro Azpiroz. La citación está programada para el 18 de noviembre a las 11:30 horas, según una providencia emitida el 17 de octubre, según indica The Objective.
La investigación, que comenzó en abril, involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, junto al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En este caso, una de las líneas de investigación se centra en una cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense. El pasado mes de julio, Goyache declaró ante el juez Peinado que él no ordenó la creación de dicha cátedra para Gómez y que, en su opinión, no hubo irregularidades en este asunto.
Coincidiendo con la citación de Navarro, también han sido llamados como testigos para el mismo día Adriana Ángel, trabajadora del Instituto de Empresa (IE), y Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE Business School y exconsejero de la Comunidad de Madrid. Estas declaraciones llegan después de que Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del IE, declarara que fue Juan José Güemes quien le indicó que debía contratar a la esposa del presidente, según fuentes presentes en la declaración citadas por Europa Press.
La investigación también examina la relación entre Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés, coincidiendo con el auge de la actividad profesional de Gómez. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid avalaron la continuidad de la investigación a principios de octubre, aunque excluyeron de las pesquisas los hechos relacionados con la empresa Globalia. Sin embargo, en una resolución de 23 páginas, los magistrados subrayaron que «el tráfico de influencias debe ser punible con independencia de que la influencia se ejerza efectivamente o de que su supuesto ejercicio produzca resultados», en referencia a las sospechas sobre los contratos firmados por Barrabés.
La Fiscalía se ha opuesto a la continuidad del proceso, argumentando que los informes de la Guardia Civil no encuentran indicios de criminalidad. Además, el Ministerio Público ha destacado que las investigaciones no han revelado una relación entre ciertos hitos vinculados a la empresa Globalia, su filial Air Europa y el rescate de la compañía, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2020. A pesar de esto, la Audiencia Provincial ya había rechazado en mayo un recurso de la Fiscalía que intentaba detener la investigación contra Gómez, señalando que hacerlo podría crear «lagunas de impunidad».
El auto de la Audiencia destaca que, si bien se han establecido límites a la investigación, los magistrados no descartan que puedan surgir nuevos hechos que justifiquen una ampliación de la investigación.
