El autogol jurídico del Gobierno: el decreto de los menas desmonta la cesión de inmigración a Cataluña
El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para obligar a las comunidades autónomas a acoger menores extranjeros no acompañados ha puesto en evidencia una contradicción del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha informado El Debate, el texto reconoce hasta en siete ocasiones que la inmigración y la extranjería son competencias exclusivas del Estado, algo que choca frontalmente con el acuerdo con Junts para delegar esas mismas competencias a Cataluña.
El decreto, publicado este miércoles en el BOE, invoca en cinco ocasiones el artículo 149.1 de la Constitución, que establece que la inmigración y la extranjería son materias reservadas al Estado. Paradójicamente, hace apenas dos semanas, el Gobierno intentaba justificar ante el Congreso una proposición de ley orgánica registrada junto a Junts para delegar competencias migratorias a la Generalitat, escudándose en que el artículo 150.2 de la Constitución permite delegar ciertas competencias.
Este autogol jurídico pone en entredicho la estrategia del Ejecutivo de mercadear con la inmigración en sus pactos con los independentistas, mientras trata de imponer a las comunidades gobernadas por el PP la acogida forzosa de menas.
El decreto reconoce la competencia exclusiva del Estado
El texto aprobado por el Consejo de Ministros establece con claridad absoluta que la inmigración y la extranjería son materias que solo puede gestionar el Gobierno central. En concreto, el decreto afirma que:
- «Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1, apartados 1.ª y 2.ª, de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en las materias de inmigración y extranjería, respectivamente».
- Cita dos sentencias clave del Tribunal Constitucional (la STC 31/2010 y la STC 87/2017) que refuerzan que estas competencias no pueden ser transferidas a las autonomías.
- Justifica la imposición del reparto obligatorio de menas alegando que la gestión de la inmigración es exclusiva del Estado, lo que contradice directamente la cesión de competencias a Cataluña que el PSOE pactó con Junts para asegurar su apoyo parlamentario.
El "lapsus" de Marlaska y el intento de justificar lo injustificable
Este giro en el discurso del Gobierno ha puesto en aprietos a sus propios ministros. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en septiembre de 2024 afirmaba con rotundidad que la inmigración es competencia exclusiva del Estado, ahora intenta justificar la delegación de estas competencias a Cataluña.
En un intento de defender la medida, el ministro cometió un desliz en el Congreso cuando, al ser preguntado por la cesión a Cataluña, respondió con un instintivo "claro que hay una cesión", para luego rectificar apresuradamente.
Este lapsus dejó en evidencia el intento del Ejecutivo de enmascarar como "delegación" lo que en realidad es una transferencia de competencias, algo que los juristas han cuestionado abiertamente.
Un "reciclaje" de la proposición de ley rechazada en 2024
El decreto aprobado por el Gobierno es, en gran parte, una copia de la proposición de ley que el PSOE intentó aprobar en julio de 2024, pero que fue rechazada por el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.
Diferencias clave entre ambos textos:
- En julio, el PSOE advertía en la proposición rechazada de que la llegada de inmigrantes iba a aumentar en los próximos meses, afectando especialmente a Canarias y Ceuta.
- En el nuevo decreto, ese pronóstico ha sido eliminado por completo, evitando hacer previsiones sobre la evolución de la inmigración.
- En 2024, el PSOE buscaba acuerdos con el PP para el reparto de menas, mientras que ahora impone un reparto forzoso a las comunidades, ante la negativa de Feijóo a aceptar imposiciones.
Sánchez atrapado en su propio juego
El Gobierno ha quedado atrapado en su doble discurso sobre la inmigración:
- Cuando le conviene, afirma que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, como excusa para imponer un reparto obligatorio de menas a las comunidades del PP.
- Cuando necesita el apoyo de Junts, defiende que sí se pueden delegar esas competencias a Cataluña, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente.
Este juego político deja en evidencia el uso de la inmigración como moneda de cambio para mantener el poder. La contradicción entre el decreto y el pacto con Junts es tan flagrante que podría dar argumentos al Tribunal Constitucional para tumbar la delegación de competencias a la Generalitat, si es recurrida.
Por el momento, el Gobierno sigue adelante con su estrategia, confiando en que la polémica pase desapercibida. Pero el autogol jurídico es evidente, y los expertos ya advierten de que este decreto podría acabar volviéndose en su contra en los tribunales.
