La Audiencia Nacional revisará los documentos incautados en el registro a Leire Díez
La Audiencia Nacional ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entregue todo el material intervenido en los registros realizados en diciembre en el domicilio de la exmilitante socialista Leire Díez.
El objetivo del magistrado Santiago Pedraz es realizar un expurgo de la información, es decir, filtrar los datos y documentos para separar aquellos que estén relacionados con la investigación judicial de los que no tengan relevancia penal.
La medida se enmarca dentro de la causa secreta que investiga presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según publica The Obkective.
Fuentes jurídicas confirman que el juez ha requerido a la UCO que remita todos los efectos requisados durante los registros para poder analizar y depurar la información obtenida durante la investigación.
Una investigación centrada en contratos de empresas públicas
La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga un presunto sistema de comisiones ilegales relacionado con adjudicaciones públicas.
Según las sospechas de los investigadores, los implicados habrían utilizado su red de contactos y su capacidad de influencia dentro de la Administración para orientar determinados expedientes administrativos.
Las pesquisas se centran especialmente en contratos relacionados con empresas públicas y organismos dependientes de la SEPI, uno de los principales holding estatales de participación empresarial en España.
La investigación judicial permanece bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso público a los detalles del caso.
La detención de Leire Díez y otros investigados
La exmilitante socialista Leire Díez fue detenida en diciembre de 2025 en el marco de esta investigación.
Junto a ella fueron arrestados también:
-
Vicente Fernández, expresidente de la SEPI
-
Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar
Alonso es considerado por los investigadores un empresario cercano al exdirigente socialista Santos Cerdán.
Tras pasar a disposición judicial, los tres investigados quedaron en libertad con medidas cautelares.
El juez instructor ordenó:
-
Retirada del pasaporte
-
Prohibición de salida del territorio nacional
-
Comparecencias periódicas cada quince días ante el juzgado
Más de 700.000 euros en comisiones bajo sospecha
Según las primeras investigaciones de la UCO, los tres investigados podrían haberse beneficiado de más de 700.000 euros en comisiones.
El dinero habría sido obtenido a través de cinco operaciones relacionadas con contratos públicos.
Los investigadores sostienen que los implicados habrían formado un grupo que se identificaba con el nombre “Hirurok”.
Este grupo, según los informes policiales, podría haber intervenido en expedientes administrativos para beneficiar a determinadas empresas o intereses privados.
La UCO sostiene que los implicados habrían aprovechado su posición y sus contactos dentro de la Administración pública para influir en procesos de adjudicación.
La defensa de Díez pidió levantar el secreto del sumario
A finales de enero de 2026, la defensa de Leire Díez presentó un recurso solicitando el levantamiento del secreto de sumario.
En ese escrito, los abogados de la exmilitante socialista aseguraron que su cliente colaboró plenamente con los investigadores desde el primer momento.
Según la defensa, Díez facilitó a la Guardia Civil acceso inmediato a su documentación personal, incluyendo:
-
Correos electrónicos
-
Dispositivos electrónicos
-
Claves y contraseñas
-
Archivos profesionales
El objetivo de ese recurso era acceder al contenido completo de la investigación para preparar su estrategia de defensa.
Un caso que sigue bajo secreto judicial
Pese a las peticiones de las defensas, la causa continúa bajo secreto de sumario, lo que indica que la investigación sigue en una fase sensible.
La decisión del juez Santiago Pedraz de revisar personalmente el material incautado busca garantizar que sólo los documentos relevantes para la causa permanezcan incorporados al procedimiento judicial.
Este proceso de expurgo documental es habitual en investigaciones complejas con gran volumen de información digital.
Permite proteger datos personales o profesionales que no estén vinculados con los hechos investigados, al tiempo que asegura que las pruebas relevantes queden preservadas dentro de la causa.
