La Audiencia Nacional ha emitido una orden para que Patrimonio Nacional suspenda temporalmente las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, conocido anteriormente como el Valle de los Caídos. La medida cautelar fue solicitada por la nieta de una mujer enterrada en el lugar, quien argumentó una presunta violación del derecho fundamental a la libertad religiosa.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11 ha aceptado la petición presentada por una familiar, representada por la asociación Abogados Cristianos, que alega que las exhumaciones violan el derecho a la libertad religiosa al remover cadáveres sin autorización de los familiares. El juzgado ha otorgado tres días a Patrimonio para presentar alegaciones antes de emitir una decisión definitiva sobre la suspensión, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.

La solicitud se basa en la afirmación de que las exhumaciones se están llevando a cabo de manera indebida, considerando una posible "actuación en vía de hecho". La medida cautelarísima busca suspender temporalmente las inhumaciones durante el periodo de tres días otorgado a Patrimonio para presentar sus argumentos.

Abogados Cristianos destaca que el derecho constitucional a la libertad religiosa respalda el derecho a una sepultura digna y critica la necesidad de pruebas de ADN en los cadáveres, alegando cierto grado de profanación. Además, denuncian la falta de consentimiento de los familiares para realizar estas pruebas, calificando la situación como otro ataque del gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos.

Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle, celebra la decisión judicial, argumentando que el derecho a descansar en paz con respeto a la dignidad no debe ser ignorado. Esta medida cautelar se suma a los obstáculos previos, incluida la anulación de una licencia urbanística en septiembre pasado, que ha complicado la ejecución de las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros.