La asociación cívica Libertad y Alternativa, encabezada por Alejo Vidal-Quadras, ha expresado su inquietud por la exclusión del presunto autor del intento de asesinato del político español el pasado 9 de noviembre, Mehrez Ayari, de la última actualización de la lista de los delincuentes más buscados por Europol.

La omisión de Ayari, identificado como el principal sospechoso en el ataque contra Vidal-Quadras, ha desatado una serie de interrogantes en torno a la voluntad y la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a cabo una efectiva persecución judicial. La asociación, alzando su voz en defensa de la transparencia y la justicia, ha señalado que el incidente del 9 de noviembre representa «el acto de violencia política más grave desde 2010», fecha en la que ETA cobró su última víctima.

En la más reciente revisión de Europol, cada país tenía la oportunidad de proponer a dos nuevos individuos para integrar la lista de criminales más buscados. Sin embargo, para consternación de la sociedad civil, España optó por no incluir a Ayari, un presunto sicario vinculado al atentado contra el ex vicepresidente del Parlamento Europeo.

Esta decisión ha llevado a la asociación a cuestionar la lógica detrás de la selección gubernamental, especialmente al considerar que, en contraste, se incluyó en la lista a un septuagenario acusado de un crimen que data de más de dos décadas.

Dejadez del Gobierno. La asociación Libertad y Alternativa no ha dudado en expresar su preocupación por la posible relación entre esta omisión y su postura crítica ante el Gobierno de Sánchez. En particular, destacan que la asociación ha sido un actor destacado en la organización de masivas concentraciones en Cibeles, realizadas el 21 de enero y el 18 de noviembre de 2023, como respuesta a las políticas gubernamentales. Además, han denunciado públicamente la supuesta colonización de las instituciones por parte de partidos de izquierda y nacionalistas, así como la existencia de un proceso «deconstituyente».

¿Se pregunta la asociación si la reticencia gubernamental a perseguir a Ayari está relacionada con el temor a la información que podría revelar en caso de ser detenido? ¿O es acaso una actuación movida por el sectarismo político? ¿Es posible que el Gobierno considere innecesario el interés nacional debido a que Francia ya lo ha señalado a Europol?

En medio de estas incertidumbres, queda la incógnita sobre la responsabilidad y compromiso del Gobierno en el esclarecimiento de este grave episodio, así como en la garantía de que la justicia prevalezca sin influencias políticas.