Así fue el mayor bulo que difundió el Gobierno sobre un guardia civil sin tener pruebas oficiales
Las respuestas oficiales de los ministerios a las solicitudes de transparencia confirman que no existía informe alguno que justificara las acusaciones lanzadas en el Consejo de Ministros
El medio El Debate ha revelado que varios miembros del Gobierno de España, entre ellos Óscar López, Pilar Alegría y María Jesús Montero, difundieron públicamente una información no verificada procedente del digital El Plural, según la cual un alto mando de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) habría manifestado su deseo de poner una bomba lapa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Origen del bulo
La información, ya desmentida por RTVE y otros medios, no reflejaba la realidad de los hechos. En concreto, se trataba de una conversación de WhatsApp entre un exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y un confidente, donde se comentaba en tono irónico que podría ser objeto de un atentado por destapar escándalos de corrupción, en un contexto de presión sobre los cuerpos de seguridad y medios de comunicación críticos.
El titular difundido señalaba falsamente que el agente deseaba atentar contra Sánchez, cuando en realidad hacía alusión a la posibilidad de que él mismo fuera víctima de una bomba lapa.
Difusión institucional sin verificación previa
Según recoge El Debate, los ministros implicados en la propagación de esta información lo hicieron sin disponer de ninguna documentación oficial que avalara la veracidad de la noticia. Esta revelación se ha producido tras requerimientos formales realizados por el propio periódico, a los que los ministerios han tenido que responder por escrito.
Óscar López, ministro de Transformación Digital, reconoció no haber accedido a información oficial sobre la supuesta amenaza. A pesar de ello, pidió el cese de Bonilla por su “violencia verbal” y afirmó en el Consejo de Ministros que se trataba de una “amenaza contra el presidente”.
María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, también afirmó públicamente que era “intolerable” que un miembro de la UCO hablara en “términos de amenaza de muerte”. Sin embargo, su propio ministerio admitió por escrito, en documento fechado el 24 de junio, que “no existe información ni documentación” al respecto.
Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, fue más allá y se refirió directamente al agente como una persona que amenazaba con poner bombas lapa bajo el coche del presidente. Posteriormente, al ser preguntada por los periodistas, no rectificó, sino que derivó la cuestión a una comparación con el terrorismo de ETA, diciendo que "conceptos como bombas lapa nos llevan a momentos vividos nada agradables".
Respuestas oficiales a las solicitudes de transparencia
En respuesta a las preguntas formuladas por El Debate, el Ministerio de Transformación Digital remitió un escrito fechado el 15 de julio, firmado por la directora de Gabinete, Julia Gracia, en el que calificaba de “abusiva” la solicitud de explicaciones sobre el origen de la información utilizada por el Gobierno.
A su vez, el Ministerio de Hacienda, a través de su director de Gabinete Carlos Moreno, reconoció también carecer de documentación alguna relacionada con la información difundida por Montero.
Ley de transparencia y contradicciones
Estas respuestas se produjeron a pesar de que la Ley 19/2013, de transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno, establece que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se toman las decisiones públicas, cómo se maneja el dinero del contribuyente y bajo qué criterios actúan los responsables institucionales.
El artículo 12 de dicha ley obliga a facilitar información relacionada con la actividad pública, salvo excepciones tasadas, pero los ministerios implicados han alegado que la petición no se justifica por la finalidad de transparencia.
Félix Bolaños: discurso contra los bulos, contradicción en la práctica
El propio Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, ha sido una de las figuras que más ha denunciado públicamente lo que denomina “el ciclo del bulo”, señalando a la prensa crítica como generadora de desinformación y justificando la necesidad de legislar para “controlar la propagación de noticias falsas”.
Sin embargo, preguntado por este caso concreto, el Ministerio de la Presidencia no ha reconocido ninguna actuación para evitar la propagación de esta información falsa desde el seno del Consejo de Ministros. En su resolución, fechada el 25 de junio, se indica que no se ha iniciado ninguna investigación ni se dispone de informes internos al respecto, pese a que el bulo involucraba una supuesta amenaza de magnicidio.
Contexto político y ley de medios
Todo esto se produce en paralelo al impulso de un nuevo proyecto de ley, que el Gobierno ha denominado “ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”. La norma, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, ha sido anunciada como una herramienta para “proteger a la democracia de la desinformación, la manipulación y el odio”.
No obstante, diversos sectores han advertido que el objetivo podría ser regular y sancionar a los medios considerados “críticos” con el Ejecutivo. En este contexto, el uso de un bulo no contrastado para desacreditar a la Guardia Civil podría erosionar la credibilidad del Gobierno en su cruzada contra la desinformación.
