El apagón de las pulseras antimaltrato: Igualdad lo sabía y lo ocultó
El Ministerio de Igualdad conocía desde hace meses que el sistema de seguimiento de maltratadores mediante pulseras electrónicas estaba fallando. No se trató de un error puntual ni de un fallo técnico menor, sino de una interrupción del sistema COMETA, la herramienta encargada de alertar a los juzgados cuando un agresor quebranta la orden de alejamiento respecto a su víctima. Y lo más grave: el fallo fue ocultado por el Ministerio, a pesar de las reiteradas advertencias de jueces, fiscales, asociaciones y órganos oficiales como el Consejo General del Poder Judicial.
Esta omisión ha tenido consecuencias penales de gran calado. Según declaró un fiscal especializado a El Debate, muchos procedimientos por quebrantamiento de condena no podrán celebrarse. Al desaparecer la señal electrónica que confirmaba la proximidad indebida del agresor, los jueces no disponen de pruebas objetivas más allá del testimonio de la víctima. En muchos casos, eso no basta para sustentar una acusación, lo que se traducirá en archivos, absoluciones e impunidad.
Una víctima mortal entre los fallos
Durante el periodo en el que el sistema COMETA dejó de funcionar, al menos una mujer fue asesinada. La pulsera del agresor no emitió ninguna alerta. La justicia nunca recibió aviso. Este hecho, por sí solo, exige responsabilidades políticas inmediatas. No se trata de una cuestión técnica, sino de una cadena de decisiones negligentes que comenzaron con el cambio del proveedor —motivadas por razones ideológicas, según revelaciones previas— y culminaron en una ocultación deliberada de un fallo sistémico que costó vidas.
Advertencias ignoradas
El artículo de El Debate revela que el Ministerio de Igualdad recibió múltiples alertas. El Observatorio de Violencia, diversos juzgados, asociaciones de mujeres e incluso la propia Fiscalía alertaron de la interrupción del servicio. Pese a ello, no se emitió ninguna advertencia pública ni se informó de forma clara al Consejo de Ministros ni al Congreso.
El Ministerio guardó silencio, mientras miles de víctimas seguían confiando en un sistema de protección que, en realidad, no funcionaba. Esta actitud se asemeja al precedente de la ley del “solo sí es sí”, cuando el Gobierno ignoró advertencias técnicas sobre rebajas de penas y excarcelaciones.
Las consecuencias jurídicas
El testimonio del fiscal es demoledor:
“Durante el periodo en el que falló COMETA, muchos juicios quedarán archivados. En vía penal, muchos casos no podrán prosperar”.
En estos procesos, la única prueba objetiva que permite a la Fiscalía sostener una acusación es el informe de COMETA. Sin esa evidencia, la palabra de la víctima queda sola frente al silencio o la negación del acusado. Y cuando la justicia no puede probar, la justicia no puede condenar. El fallo ha destruido pruebas en decenas o cientos de casos, y con ellas, la posibilidad de proteger a muchas mujeres.
La politización del Ministerio de Igualdad
El desastre técnico tiene también una dimensión estructural. Faltan técnicos, sobran ideólogos. Así lo denuncia la doctora en Derecho Elena Ramallo, experta en violencia de género, en declaraciones recogidas por El Debate. Según su análisis, el Ministerio de Igualdad ha sido ocupado por responsables políticos sin conocimientos jurídicos ni experiencia técnica, lo que ha derivado en decisiones legislativas y administrativas profundamente negligentes:
“Las decisiones políticas se imponen siempre sobre las profesionales. Nunca se ha tomado la violencia contra las mujeres con la seriedad necesaria”.
Ramallo afirma que no hay juristas cualificados redactando leyes o evaluando sistemas. El caso de COMETA se suma así a una cadena de episodios que demuestran el vacío técnico y el desprecio al conocimiento experto que han marcado la legislatura de Igualdad.
Silencio en Moncloa, propaganda en Gaza
Mientras tanto, el presidente del Gobierno guarda silencio absoluto sobre esta crisis institucional. No ha habido comparecencia, ni explicación, ni asunción de responsabilidades. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha preferido centrar la agenda mediática en la cuestión internacional de Gaza, empleando el conflicto en Oriente Medio como cortina de humo para desviar la atención del fallo de Igualdad.
Este uso político del drama internacional contrasta con la ausencia total de empatía y reacción ante las víctimas nacionales. En lugar de afrontar los errores del sistema de protección más sensible del Estado, el presidente ha optado por el discurso ideológico, acusando al PP de “mala conciencia” por no usar el término “genocidio”, mientras una víctima era asesinada en España por un agresor cuyo dispositivo no funcionaba.
