Investigan cohecho en la cárcel de Brieva: Ana Julia Quezada habría recibido un móvil tras favores sexuales
Una investigación por cohecho y corrupción en prisión salpica a varios funcionarios penitenciarios. Las grabaciones en poder de Ana Julia Quezada podrían ser la clave de un caso que compromete la seguridad y ética institucional
El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila mantiene abierta desde hace casi un año una investigación por un posible caso de cohecho en la prisión de mujeres de Brieva, donde varios funcionarios habrían mantenido relaciones sexuales con Ana Julia Quezada a cambio de facilitarle un teléfono móvil, según informa The Objective. Quezada cumple prisión permanente revisable por el asesinato en 2018 del niño Gabriel Cruz.
Según ha publicado El País, la causa gira en torno al testimonio de un educador del centro, al que se suman declaraciones de tres reclusas y de la actual pareja de Quezada, también interna. Las declaraciones apuntan a relaciones sexuales con varios trabajadores del penal, entre ellos un cocinero. Estas habrían sido grabadas con el móvil entregado por los funcionarios.
Posible chantaje a la dirección
Uno de los informes de la causa recoge que Quezada habría utilizado las grabaciones para intentar chantajear a la dirección del centro penitenciario con el objetivo de forzar su traslado a una cárcel de Barcelona, donde reside su entorno más cercano. La directora de la prisión, Laura Pérez, reconoció en un documento haber recibido la información a través del educador: "La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda".
La investigación pone bajo el foco la gestión del centro penitenciario, que ya estuvo en el centro del debate público por ser el lugar donde cumplió parte de su condena Iñaki Urdangarin, exmarido de la infanta Cristina.
Graves implicaciones
El presunto cohecho, de confirmarse, supondría una grave vulneración del régimen penitenciario y de la integridad del cuerpo de funcionarios. Además de las consecuencias disciplinarias, podría acarrear penas de prisión e inhabilitación para los implicados. La tenencia no autorizada de dispositivos móviles en prisión, más aún obtenidos de esta forma, supone una infracción especialmente grave.
El caso continúa bajo secreto de sumario mientras se amplían las diligencias. No se descarta la citación judicial de los funcionarios implicados ni nuevas actuaciones por parte del Ministerio del Interior.
