En un acontecimiento político sin precedentes, se ha presentado en el Congreso una propuesta de ley de amnistía que busca anular la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña. Este proceso abarca un periodo extenso, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, marcando una década de tensiones políticas y eventos significativos.

La amnistía, de acuerdo con la propuesta, no se limita exclusivamente a los líderes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, respectivamente. También se extiende a directores de colegios que estuvieron involucrados en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes, así como a los agentes policiales que actuaron durante dicho referéndum. Esta medida, tiene el potencial de borrar los delitos de más de 300 independentistas y 73 agentes policiales.

El argumento central de la propuesta es la necesidad de adaptar la legalidad al contexto político, afirmando que la aplicación rigurosa de la ley a veces no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo.

El preámbulo de la norma establece claramente que esta amnistía constituye una decisión política bajo el principio de justicia, sosteniendo que los instrumentos legales de un estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles. La exclusión de la amnistía para delitos de terrorismo, cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de marzo de 2017, agrega un matiz significativo. Esto plantea incertidumbres sobre la posibilidad de aplicar la amnistía a casos específicos, como las protestas de Tsunami Democràtic y los actos de sabotaje planificados por los Comités de Defensa de la República (CDR) en respuesta a la sentencia del procés.

La propuesta también ha suscitado una fuerte oposición por parte de partidos políticos de la oposición, como el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), quienes han remitido comunicados a los líderes de la Unión Europea expresando su desacuerdo con la amnistía propuesta. Este movimiento busca internacionalizar la controversia y obtener respaldo contra la medida.

Dos meses para aplicarla. En un intento por agilizar el proceso, la propuesta de ley establece un plazo máximo de dos meses para que los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al procés apliquen la amnistía. Además, destaca que su aplicación será «preferente y urgente» en este plazo, y los posibles recursos contra las decisiones tomadas «no tendrán efectos suspensivos».

En resumen, la propuesta de ley de amnistía para los involucrados en el proceso soberanista catalán ha generado un debate político intenso. Mientras defensores argumentan que es una medida necesaria para resolver un conflicto político prolongado, los críticos, especialmente desde la oposición, la consideran un acto político controvertido que podría tener consecuencias significativas en la estabilidad política y la justicia.

La inclusión de un plazo riguroso para la aplicación de la amnistía y la exclusión de delitos de terrorismo añaden capas de complejidad a esta propuesta que está destinada a marcar un hito en la historia política de Cataluña y España.

Puigdemont puede volver a España sin ser juzgado por la Justicia. De ser aprobada la Ley de Amnistía, el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, procesado por desobediencia y malversación, podría regresar a España sin temor a la detención. Oriol Junqueras, su ex ‘número dos’, condenado por los mismos delitos, enfrenta una inhabilitación temporal de hasta dos meses mientras el Tribunal Supremo (TS) revisa su caso.

La propuesta, que se presentará en el Congreso de los Diputados, busca invalidar las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales e internacionales de detención para aquellos beneficiados por la amnistía. Actualmente, Puigdemont enfrenta una orden de detención nacional mientras el magistrado del TS, Pablo Llarena, espera su declaración indagatoria relacionada con el proceso penal derivado del referéndum ilegal de octubre de 2017.

Aunque persiste la incertidumbre sobre si Puigdemont se presentará voluntariamente ante Llarena, la proposición de ley descarta su detención bajo la legislación vigente, enfatizando la necesidad de la norma propuesta para tal fin.

La ley establece que Puigdemont podría regresar a España sin riesgo de detención una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), independientemente de los debates constitucionales que puedan surgir sobre la amnistía.

En contraste, Junqueras, condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación hasta 2031, se verá afectado de manera diferente por la ley. Los jueces deberán aplicar la amnistía de manera preferente y urgente, con decisiones que se tomarán en un plazo máximo de dos meses. La proposición señala que la medida no generará derechos económicos ni restitución de multas para los condenados.

Además, destaca que la concesión de un indulto previo no impedirá la revisión de sentencias firmes, excluyendo la revisión de resoluciones judiciales que hayan apreciado la extinción de la responsabilidad criminal debido a la prescripción del delito.

La situación de Junqueras dependerá de la decisión del tribunal sentenciador sobre la aplicación de la ley de amnistía y la posible reducción de las penas vigentes. La proposición subraya que la amnistía no otorgará derechos de indemnización o generación de derechos económicos.

A pesar de estos desarrollos, acciones judiciales podrían emprenderse para frenar la amnistía. El magistrado Llarena debe concluir el sumario sobre Puigdemont para que el Tribunal Constitucional (TC) pueda intervenir. Las cuestiones de inconstitucionalidad podrían suspender automáticamente la aplicación de la ley a casos específicos hasta la resolución del TC.

En el texto. La norma cubre de forma expresa las actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir el procés.

En la exposición de motivos se asegura que amnistiar las acciones delictivas que pudieran haberse cometido en defensa de la legalidad y del orden constitucional «no supone demérito o reproche alguno para los colectivos concernidos» ni implica criminalizar a los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público, sino que persigue aliviar su situación procesal.

En la proposición se asume que la aplicación de la legalidad es «necesaria», pero «en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo», por lo que aboga por adaptar el Derecho al contexto político.

Se justifica la amnistía «por la convivencia democrática», «en aras del interés general» y «para la superación de un conflicto político». La norma, se señala, aspira a «generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España».

La ley «perdona» los delitos por corrupción | La norma obligaría al Tribunal de Cuentas a perdonar hasta 5 millones de euros a 35 ex altos cargos catalanes por los gastos para el 1-O

La ley de amnistía que podría tener repercusiones significativas en los juicios relacionados con el proceso independentista catalán, específicamente en casos de malversación y usurpación de funciones públicas.  Según el artículo 1 de esta proposición de ley, la amnistía abarcará aquellos actos destinados a financiar, sufragar o facilitar el desarrollo del procés. Este escenario podría tener un impacto directo en el juicio que está programado para este viernes en el Tribunal de Cuentas contra Carles Puigdemont y alrededor de una treintena de antiguos cargos del Govern, convirtiéndolo, según algunas voces, en un mero trámite legal.

Este proyecto de ley no solo tiene en cuenta los eventos ocurridos en Cataluña en los últimos años, sino que se extiende para incluir las consultas ilegales llevadas a cabo en la región el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017. De acuerdo con el texto, se perdonarán los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar estas consultas. La disposición adicional segunda de esta ley de amnistía modifica el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Esto tiene como objetivo eximir de responsabilidad a aquellas personas que, actuando en virtud de obediencia debida, hubieran advertido por escrito la imprudencia o ilegalidad de la correspondiente orden, con las razones en que se funden. Además, aquellos funcionarios que hayan retrasado el examen de las cuentas también quedarían exentos de responsabilidades.

El artículo 8 de la ley de amnistía va un paso más allá al extinguir las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos descritos en el primer precepto del texto. Esto incluye las medidas cautelares acordadas en fases previas del proceso, salvo aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada. Este aspecto de la ley podría afectar directamente a casos como el juicio que enfrenta Carles Puigdemont y otros exmiembros del Govern en el Tribunal de Cuentas.

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán obligaría al Tribunal de Cuentas (TCu) a perdonar hasta 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable a unos 35 ex altos cargos catalanes por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O.